2012: Balance laboral y social negativo (II)


Por Mario Huamán Rivera (*)

Si bien la captura de los integrantes de la banda “La Gran Familia” ha sido un duro golpe al crimen organizado por parte de la Policía Nacional, continúa el incremento exponencial de la inseguridad afectando la calidad de vida de la ciudadanía, debido a que los robos, asaltos, pandillaje y otros hechos delictivos precarizan las condiciones de trabajo y aumentan los costos debido a que las familias deben gastar más en seguridad (vigilantes, movilidad, armas, etc.).

A esto se suma el aumento de la corrupción y la impunidad en varias entidades estatales y privadas, muchas de las cuales han preferido beneficiarse de la convivencia con la violencia y la criminalidad, como ha sucedido con algunos malos elementos del Ministerio Público, Poder Judicial y la propia Policía Nacional, los cuales han permitido el crecimiento de la delincuencia, como se ha comprobado en Piura y Chiclayo.

Un dato que ha sido dejado de lado por la mayoría de medios de comunicación es que el 50% de empresarios encuestados en la Cade 2102 manifestó que ha tenido que recurrir a la corrupción para generar ganancias a sus inversiones. A esto debemos agregar la impunidad con que muchas de estas empresas abusan de sus trabajadores, desconociéndoles sus derechos laborales y haciendo lobbies en el Congreso para evitar que se deroguen las normas que afectan la dignidad y la situación económica de las familias trabajadoras.

Con este marco podemos constatar que mientras no afecte sus intereses, gran parte del sector público y privado poco o nada hacen para enfrentar a la corrupción y la inseguridad ciudadana, y por el contrario utilizan estos flagelos para sus fines particulares sin importar el grave impacto que esto causa en la sociedad, principalmente a los más pobres. Luchar contra estos males sociales es un compromiso pendiente del presidente Ollanta Humala, y una demanda de la ciudadanía, como se demuestra en las últimas encuestas.

Pese a ello, debemos reconocer el esfuerzo de la mayoría de efectivos de la Policía Nacional que siguen luchando contra la delincuencia. Por esta razón, reiteramos nuestra demanda al gobierno para que les brinde las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de su labor, además de aplicarse un Plan Nacional de seguridad Ciudadana destinado a promover una lucha integral contra la criminalidad.

Finalmente, urge también una férrea voluntad política para combatir la corrupción al interior del Estado y sancionar con rigurosidad a las empresas y empresarios que la promuevan. Solo así tendremos un balance positivo que se expresará en el mejoramiento de los servicios, tanto públicos como privados, que se brindan a las familias.

Expresamos nuestro respaldo y solidaridad al dirigente de la CGTP Luis Isarra, en estos momentos difíciles que viene pasando junto a su familia, por el lamentable accidente de su hijo, a quien deseamos pronta recuperación.

(*) Secretario General de la CGTP

2012: Balance laboral y social negativo

Por Mario Huamán Rivera (*)
 
A comienzos del gobierno de Ollanta Humala, la CGTP le entregó la agenda laboral y social, donde se contemplaban las principales demandas de los trabajadores y trabajadoras. A casi dos años de dicha entrega poco o nada se ha resuelto, debido al viraje político del actual mandatario. Como le referimos ayer a la ministra de Trabajo, Teresa Laos, los compromisos de cambio del régimen se han convertido en un continuismo que profundiza la desigualdad y promueve el conflicto en el país.

Los únicos avances que en materia laboral se han conseguido son el aumento de la remuneración mínima vital y la dación de la Ley de seguridad y salud en el Trabajo y en lo social la Ley de la Consulta Previa. Lamentablemente, el incremento del costo de vida licuó en la práctica la mejora salarial y las dos normas promulgadas o han sido desnaturalizadas por sus reglamentos o la presión política las hace impracticables, beneficiando con ello a los mismos grupos de poder económico.

La legislación laboral Fujimorista sigue vigente e impide que millones de trabajadores accedan a derechos laborales plenos y que sean despedidos por razones sindicales (van 600 en los 17 meses del gobierno de Humala). Se mantienen los regímenes especiales en Textiles y Agroindustria, además de las Mypes y la Tercerización. Los esfuerzos hechos para derogar dichas normas siempre han contado con la negativa del Ejecutivo y la defensa férrea de las bancadas empresariales (Fujimorismo, APRA, Alianza por el Gran Cambio, etc).

La Ley del Trabajo quedó congelada por el anterior ministro, así como la reglamentación de la Ley de Relaciones Colectivas y de la Tercerización y la reforma del Ministerio de Trabajo con el fin de recuperar su capacidad tuitiva.

A esto debemos de sumar, la disposición complementaria (58) de la Ley de Presupuesto de la República, que de manera inconstitucional elimina la negociación colectiva para los trabajadores estatales, en momentos que los servidores públicos vienen luchando por impedir la aprobación de una norma denominada del servicio civil, que contempla la eliminación de derechos laborales.

En lo social, el compromiso de la recuperación del Gas de Camisea, solo ha quedado en el discurso. Las corporaciones empresariales lideradas por Repsol siguen enriqueciéndose, mientras la población se ve afectada por el aumento del costo de la energía debido a que la masificación del Gas ha dejado de ser prioridad para el gobierno.

Asimismo, los servicios de salud, Educación y seguridad ciudadana siguen inmersos en la precariedad brindándose servicios de mala calidad a las familias más pobres, sucediendo algo similar en el seguro social, manteniéndose el mismo estilo destinado a promover la privatización en dichos sectores.

Finalmente, la firma compulsiva de Tratados de Libre Comercio sigue sometiendo a nuestra economía a la crisis de las economías desarrolladas y a una competencia desleal por el subsidio que estas gozan, además de ser un peligro para los trabajadores porque dichos compromisos no contemplan la protección del trabajo con derechos, algo que profundizará la desigualdad en el Perú.

(*) Secretario General de la CGTP

18 de diciembre: homenaje a Pedro Huilca

Por Mario Huamán Rivera(*)
El martes 18 de diciembre a las 12 del mediodía se realizará el Develamiento del Busto de Pedro Huilca Tecse, ex secretario general de la CGTP y de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP), en el parque ubicado entre las avenidas 28 de Julio y Arequipa, en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH).

Este homenaje se efectúa al cumplirse veinte años de su asesinato realizado por el Grupo Colina, comando militar de aniquilamiento, que actuaba bajo las órdenes del expresidente Alberto Fujimori.
Pese a que la resolución se dio el 2005, los gobiernos nacionales y municipales que tuvieron la oportunidad de ejecutarlo, se inhibieron de cumplirla por razones políticas, tal vez temiendo la reacción de los sectores que respaldaron al Fujimorismo en este hecho de violencia, que no solo enlutó a la familia de Huilca sino a todo el movimiento sindical peruano y a la democracia. 

En ese sentido, la decisión de la alcaldesa de 
LimaSusana Villarán, de cumplir con este mandato quiebra el silencio de muchas autoridades y le brinda el merecido reconocimiento a un mártir del sindicalismo, cuyo legado y lucha siguen vigentes en las actuales generaciones de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta que sus sindicatos fueron las principales fuerzas que enfrentaron al dictador y a los grupos de poder económico, tal como lo realizan hoy a pesar del incremento de la violencia y de mantenerse las mismas leyes que impuso el Fujimorismo con asesinatos y corrupción.

Huilca fue un dirigente valiente que cumplió a cabalidad su responsabilidad de defender los derechos laborales y sociales, desnudando la incapacidad política del exdictador Fujimori. En la actualidad muchas de sus palabras, nos recuerdan sus convicciones de lucha, como las siguientes: “¿Por qué nos tiene miedoFujimori? ¿No dicen por ahí que los sindicatos estamos de capa caída? Yo desafío a Fujimori a que me otorgue el permiso para realizar un mitin en la Plaza 2 de Mayo y convocar a 200 mil trabajadores. Este es mi reto y le demostraré que este mitin será el verdadero plebiscito del que tanto habla la dictadura”.



Así como Huilca, muchos dirigentes y ciudadanos fueron asesinados, no solo durante la dictadura, sino en los gobiernos sucesivos por rechazar la imposición de un modelo económico que brinda crecimiento pero no desarrollo, que se expresa con generación de trabajo sin derechos, bajos salarios, violación de La Libertadsindical y de diversos derechos, todo herencia de la dictadura y profundizada principalmente durante el nefasto régimen aprista.

El sacrificio de Pedro refleja también el grado de convicción de los sindicalistas peruanos cuando de defender la democracia y a sus familias, se trata. Asimismo, nos enseña a no temerle a las amenazas de represión y a los delincuentes que pretenden debilitar a las organizaciones sindicales siguiendo directivas políticas.

La CGTP se reafirma en los ideales de su ex secretario general y convoca a todo el movimiento sindical y al público en general a participar masivamente en este merecido y justo homenaje.
Felicitamos a la Policía Nacional por la captura del delincuente apodado “El Viejo Paco”, avezado extorsionador acusado de asesinar a trabajadores de construcción civil en Chiclayo.

(*)Secretario general de la CGTP

El ministro de Trabajo debe ser destituido



Por Mario Huamán Rivera (*)

En conferencia de prensa desarrollada en la sede de la CGTP, saludamos el profesionalismo de la comisión de juristas que nos representa en la Corte de Justicia de La Haya para solucionar el diferendo marítimo con Chile. La exposición brindada por nuestros representantes en este escenario internacional nos deja confiados en que nuestra exigencia será atendida acorde al derecho.
Conforme lo han expresado las autoridades peruanas, como el Presidente de la República, el Perú está demostrando al mundo que es un país respetuoso de las normas nacionales y mundiales, no solo en el tema de referencia sino en todas las relaciones que vinculen al estado peruano con otros Estados, como también con la ciudadanía.

Es en ese contexto en que lamentablemente un alto funcionario, como el Ministro de Trabajo, José Villena, genera un escándalo público que desdice lo que el Mandatario trata de proyectar al mundo y perjudica la imagen de su gobierno frente a la población, dejando entrever que sus palabras no están acompañadas de hechos concretos.

La agresión a una mujer trabajadora y amenazas a otros trabajadores del aeropuerto de Arequipa que impidieron que el ministro violara los dispositivos de seguridad del terminal aéreo, nos demuestra que el abuso de poder por parte de sus funcionarios para lograr privilegios ilegales será un serio obstáculo para realmente convertirnos en un país que respeta los derechos de la ciudadanía.

Si el responsable de velar por los derechos laborales maltrata a quienes por deber constitucional tiene que proteger, qué se puede esperar de sus decisiones en medio de los miles de conflictos que dicha cartera tiene que atender. Debemos resaltar que, además de evitar cualquier reforma que reivindique a los trabajadores y defender la impunidad con que muchos empresarios destruyen sindicatos, la gestión de José Villena en el Ministerio de Trabajo significa un serio retroceso para un país que pregona crecimiento y modernidad.

Cabe mencionar que los maltratos a los trabajadores por parte del referido funcionario son muy conocidos en el sector laboral, desde llamar analfabetas a las trabajadoras del hogar (que exigen el cumplimiento del compromiso de promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT) hasta descalificar groseramente a los trabajadores estatales que rechazan la pretendida reforma laboral en el sector público.

A esto se suma su negativa de impulsar la lucha contra la delincuencia que diariamente obtiene sin problemas su registro sindical con la finalidad de ocultarse detrás de dicho rótulo para cometer sus crimines y extorsiones. La inacción del ministro José Villena en este tema viene causando la muerte de decenas de obreros en el sector de construcción civil.

Por estos motivos, el presidente Ollanta Humala tiene la responsabilidad de destituir al ministro de Trabajo, José Villena, debido a que su permanencia solo agudizará los conflictos laborales y afectará uno de los principales objetivos del Perú, que es ser reconocido por la ciudadanía como un país serio e institucionalizado.

Expresamos nuestro saludo a todos los trabajadores mineros del Perú al haberse conmemorado su día el 5 de diciembre.

(*) Secretario General de la CGTP

6 de diciembre: marcha por la defensa de Lima


(*) Por Mario Human Rivera

Con la finalidad de defender los cambios en Lima, diversas organizaciones sociales, como la CGTP, participarán en la movilización por la defensa de la ciudad afectada por un cuestionado proceso de revocatoria, conseguido por unos siniestros personajes financiados por lo más rancio y corrupto de la política nacional.

Esta marcha, que se desarrollará el 6 de diciembre, tiene como objetivo defender y exigir las reformas que se han emprendido en la actual administración municipal, como la que se viene ejecutando en el transporte público, enfrentando a la corrupción enquistada en dicho sector, la cual convivió de manera muy cordial con la gestión de uno de los posibles beneficiarios de la revocatoria, el controvertido Luis Castañeda Lossio.

Asimismo, la movilización será para respaldar el cambio del Mercado Mayorista de La Parada por el de Santa Anita con el objetivo de brindar a las familias limeñas provisión de alimentos baratos y limpios, algo que permite mejorar la calidad de los productos y sus precios. Las mafias pretendieron evitar el inicio de la reforma, utilizando incluso a la delincuencia, algo que no consiguieron pese al apoyo de los grupos políticos que hoy respaldan la revocatoria.

Cabe resaltar que los cambios que se están concretando para la ciudad también se dan en las áreas de esparcimiento, construcción de escaleras, losas deportivas, ampliación de pistas, etc; servicio social, promoción de derechos y otros beneficios que a dos años de iniciada la actual gestión viene impactando en los diversos sectores sociales, antes olvidados por anteriores administraciones.

Los trabajadores y trabajadoras también participaremos en la marcha para que no se detengan las obras, teniendo en cuenta que existen proyectos valorizados en 3 mil millones de nuevos soles, que permitirán mejorar los servicios que brinda la ciudad y la calidad de vida de las familias.

Los concurrentes se concentrarán en el Campo de Marte a las 4 de la tarde. Luego la multitud se dirigirá a la Plaza San Martín, donde se realizará un mitin en respaldo a los cambios que se desarrollan en Lima. Cabe mencionar que instituciones como la Confiep y personalidades de la talla de Vargas Llosa se han expresado en contra de la revocatoria, lo que demuestra el consenso que existe en la sociedad por defender la ciudad.

Participarán también en la medida la Coordinadora Ciudadana por Lima, los Comités del Vaso de leche, Comedores Populares, el Movimientos Sin Techo, Construcción Civil, Colectivos Juveniles, Partidos Políticos, etc. 

(*) Secretario General de la CGTP

Conflictos laborales se agudizan

 Por Mario Huaman Rivera (*) 

Mientras la agenda política se encuentra desbordada por el tema del proceso de indulto y la revocatoria, miles de trabajadores y trabajadoras siguen afectados por las diversas normas impuestas por la dictadura Fujimorista y sostenidas por los regímenes sucesivos que prometieron cambios pero que al final se sometieron al continuismo.

Sin embargo, la lucha por el respeto a los derechos laborales no se detiene, como lo demuestran las organizaciones sindicales que hoy se movilizarán al Ministerio de Trabajo a partir de las 3:30 pm. desde el Campo de Marte para demandar solución a los conflictos generados por las empresas y entidades públicas, que violan las leyes con impunidad y por una legislación laboral que impide que el crecimiento económico, que tanto se menciona, llegue a las mayoría de las familias peruanas.

Uno de los casos es el provocado por la transnacional francesa INDECO NEXANS, cuyos trabajadores se encuentran en huelga desde el 25 de octubre demandando solución a su Pliego de Reclamos. Pese a que la paralización ha sido declarada legal, la empresa continúa ilegalmente desarrollando su producción desacatando las normas peruanas. Situación parecida sucede en PLASTICA, CORPORACION TREBOL, FABINCO, CLINICA MONTEFIORI, SAT, INICTEL, INEN, entre otros.

Asimismo, al igual que el gobierno anterior, cada día se incrementan los despidos por razones sindicales, como ha ocurrido en PAPELERA ATLAS, CAMAL DE YERBATEROS, REICOLITE, TURISMO HUARAL, ESVICSA, MOVIL TOURS y ARGUELLES por citar algunos ejemplos. También se agudiza la problemática laboral en el PRONAA, debido a que el gobierno ha tomado la decisión de extinguirlo, pero sin decir nada sobre la situación contractual de su personal, muchos de los cuales tienen entre diez y veinte años de servicio. 

Por otro lado, las autoridades no atienden las denuncias respecto a las condiciones insalubres con que trabajan los obreros del servicio de recojo de basura de las Municipalidades de Independencia, Los Olivos, Pueblo Libre, etc. y tampoco sobre el pase a planilla de Essalud de los trabajadores de services a quienes se le ha comprobado la desnaturalización de sus contratos.

La corrupción en las diversas direcciones regionales del trabajo, como sucede en el Callao, sigue profundizando los conflictos laborales como ocurre en Repsol, ZETA GAS, STAR UP, etc., cuyos trabajadores se ven obligados a exigir la intervención del propio Ministerio de Trabajo para enfrentar la parcialidad pro-empresarial de los funcionarios de dicha entidad. 

Asimismo, quedan pendientes de solución otras exigencias presentadas por la CGTP al gobierno como el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; de la Ley de Tercerización; la reglamentación de las normas internas de las Empresas; sanción a los empresas que desnaturalizan los contratos; debilitamiento de las áreas de atención a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, interferencia del MEF en la negociación colectiva entre el Sindicato del Congreso y la Mesa Directiva y ampliación del cuarto listado de los ceses colectivos.

Estas demandas irresueltas vienen agudizando la conflictividad laboral, lo que podría derivar en nuevas acciones de protesta para exigir al actual gobierno la gran transformación y los cambios que prometió.

(*) Secretario General de la CGTP

El TC avisa fallo


Ilimitada generosidad sobre bonos de la reforma agraria.

El Presidente del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado que este organismo viene evaluando la emisión de una sentencia sobre los bonos de la Reforma Agraria. Lo ha hecho incurriendo en un lamentable adelanto de opinión. Ha señalado que un probable fallo en favor de los tenedores de estos instrumentos financiados no afectará el presupuesto. No deja de ser extraño que sin que se haya culminado la elaboración de la sentencia el titular del máximo organismo de interpretación de la Constitución ya haya realizado sumas y restas y llegado a la conclusión de que su sentencia beneficiará al mismo tiempo a los recurrentes y no perjudicará a los peruanos.
Como se sabe, diversos especialistas y medios han alertado desde hace semanas que el TC se propone exigir al gobierno que honre los bonos de la Reforma Agraria emitidos hace 40 años, cuyo valor fluctuaría entre 3 y 8 mil millones de dólares, alrededor del 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Se ha denunciado que este caso ha llegado al TC y está conquistando allí una sólida mayoría debido a un gigantesco lobby realizado por una empresa extranjera y una institución financiera local que han concentrado los bonos existentes en el mercado, luego de comprarlos a precios irrisorios a los tenedores originales o a sus herederos. En algunos casos, se ha llegado a pagar hasta el 20% de su valor original.
Como se puede apreciar, el múltiple juego en pared entre las instituciones compradoras, el TC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra operando. Al respecto, el titular del MEF ha contribuido a la gestación de un consenso a favor del pago señalando que si el TC lo ordena, el gobierno acataría la orden de pago. Tanta sensibilidad y diligencia del MEF no se ha podido advertir en otros casos cuya profundidad social es mayor que la de la expectativa de empresarios audaces; la reforma salarial de las FFAA y de la PNP, el pago a los aportantes del FONAVI que llevan ganado un referéndum nacional y las demandas salariales de los maestros ojalá tuviesen tan rápida comprensión del MEF.  
Lamentablemente para el TC y el MEF y las empresas compradoras de los bonos, el TC no tiene entre sus funciones ordenar un pago. El TC interpreta normas, declara su constitucionalidad y protege en última instancia derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, a través de procesos constitucionales previamente dilucidados en las instancias judiciales. En este caso, no se encuentra en juego una afectación de los derechos económicos de los tenedores de bonos originales sino la rentabilidad de audaces compradores que adquirieron a precio de remate instrumentos devaluados. El año 2001 el TC dio la razón a los tenedores de bonos y esta vez no acuden ante él las mismas personas.
En relación con el TC, llaman la atención las idas y venidas de una institución diseñada con otros fines y propósitos. No es la primera vez que se ciernen sobre este organismo sospechas sobre su actuación. En cualquier país organizado donde las instituciones actúan con solvencia esta pretensión habría motivado un escándalo y mínimamente una investigación parlamentaria. Ello no sucede en el Perú; al contrario, el relajamiento de las obligaciones del TC tiene su origen en parte en el hecho de que varios de sus miembros han cumplido el periodo para el que fueron elegidos y que el parlamento es  incapaz de elegir a sus sustitutos. Aun así, ello no es argumento para pasar por alto una decisión como la que se anuncia y que afectará los derechos económicos de millones de peruanos.

SOPA importada




Se prepara un proyecto de ley que podría afectar los servicios de Internet en el Perú.


El 18 de enero de este año, Wikipedia bloqueó el acceso a su página web, que solo mostró un texto de protesta titulado “Imagine el mundo sin conocimiento libre”. El mensaje fue leído por 160 millones de personas de todas partes del mundo. Ese mismo día, otras 50 mil páginas web decidieron también desaparecer momentáneamente. Google, eBay, Mozilla, Flickr, Wordpress y Greenpeace se encontraron, a su vez, entre los 65 mil sitios que colgaron mensajes sumándose a la protesta.
La razón de este denominado “apagón” fue criticar dos proyectos de ley norteamericanos (SOPA y PIPA, por sus siglas en inglés) que buscaban implementar medidas desproporcionadas para proteger la propiedad intelectual. Básicamente establecían distintos niveles de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet (por ejemplo, Telefónica, YouTube, Google o empresas de alojamiento web) cuyos usuarios infringiesen derechos de propiedad intelectual. Así, YouTube hubiera sido responsable por verificar que todos los videos colgados en su portal respetasen dichos derechos y las empresas que ofrecen el servicio de conexión a Internet podrían haber sido responsabilizadas si alguien usaba su red para bajar música ilegalmente.
En parte gracias a este denominado “apagón” el Congreso estadounidense no aprobó estos proyectos. Las protecciones que ellos incorporaban, no obstante, se están tratado de implementar en otros países. En el nuestro, como informó ayer Marcela Mendoza en “Día_1”, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha encargado la elaboración de un proyecto que regule las responsabilidades que tendrán los proveedores de servicios de Internet por la actividad ilegal de sus usuarios.
Nadie discute que, como todos los derechos recogidos por la ley, los de propiedad intelectual deben ser protegidos. El problema aquí es que, de implementarse una norma similar a SOPA o PIPA, se responsabilizaría cual cómplices de un ilícito a personas que no son tales. Y es que –como han señalado varios especialistas– sancionar, digamos, a Telefónica porque uno de sus clientes baja música ilegalmente usando su servicio de Internet, es como responsabilizar al concesionario de una carretera por el contrabando que llevan algunos camiones que transitan por ella. Si esto fuera sensato, ¿por qué para acabar con el narcotráfico no tratar también como cómplices de quienes llevan drogas en sus maletas a los aeropuertos y a las aerolíneas?
Pero la idea detrás de PIPA y SOPA (y de su posible receta peruana) no solo es injusta, sino que puede además tener graves consecuencias. Para empezar, varios proveedores de servicios simplemente tendrían que cerrar, pues no podrían afrontar los costos de fiscalizar a sus usuarios. De haberse aprobado esa norma en Estados Unidos, por ejemplo, Wikipedia hubiera desaparecido, pues le resultaría imposible monitorear si toda la información que diariamente cuelgan y actualizan sus usuarios en todas sus páginas (que llegan a más de 4 millones solo en inglés) cumple con la legislación de propiedad intelectual.
Por su parte, las empresas que sí puedan afrontar esos costos (que incluirán los de contratar un ejército de personas que verifique dicha información y abogados que las asesoren al respecto) los tendrán que trasladar a sus consumidores cobrándoles un precio más caro. Por ejemplo, Claro, Nextel o Telefónica podrían tener que subir sus tarifas, lo que, en un país como el Perú, solo alejará a los más pobres del acceso a esta importante herramienta. La magnitud del problema es más evidente cuando reparamos en que, a la par de la contribución de Internet a la cultura y a la educación, su aporte al desarrollo económico es enorme: un estudio del McKinsey Global Institute del 2011 encontró que Internet es responsable del 21% del crecimiento de países desarrollados en los últimos cinco años, que los pequeños y medianos negocios que usan Internet aumentan su productividad en 10% y que, entre estos, aquellos que usan fuertemente esta herramienta crecen y exportan el doble que el resto.
Finalmente, otra preocupación que despiertan normas como estas es que vuelven muy sencillo censurar las web informativas porque, al ser prácticamente imposible verificar que todos sus usuarios no cuelguen información que viole derechos de autor, un gobierno autoritario siempre encontraría la excusa para cerrar las páginas de medios opositores.
Ojalá entonces que el Mincetur no caiga en el error en el que casi cayó Estados Unidos. Y es que queda claro que hay algo que el Perú no tendría por qué importar: malas ideas.

20 de noviembre: Arequipa se moviliza en Lima


Por: Mario Huaman Rivera (*)


Después de una concentración a las 2 p.m. en la Plaza 2 de Mayo, el martes 20 de noviembre, diversas organizaciones sociales de Arequipa, se movilizarán por las principales calles de Lima para exigir al gobierno la concreción de varios proyectos vitales para el desarrollo de esta región. Esta marcha se realiza teniendo como marco la reunión que sostendrán con el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez.

Los gremios arequipeños exigen el inicio de la construcción del Gasoducto Sur Andino para abaratar la energía en esta parte del país y promover la industria Petroquímica. Por este motivo, rechazan el denominado proyecto del Gas Virtual y el Etanoducto, además de demandar que el abastecimiento energético para el sur provenga del Lote 88 del Gas de Camisea. También piden el comienzo del proyecto Majes Siguas II, un Sistema Integrado de Transporte (SIT) y la Recuperación del Gravamen Minero Para Obras. 

Otro aspecto que contempla su plataforma de lucha es el saneamiento físico legal de la propiedad de importantes sectores populares para lo cual se propone la modificación de diversas normas, donde se incluyen todos los inmuebles hasta el 2011 con el fin de favorecer a la mayoría de la población arequipeña.

Entre las organizaciones convocantes destacan, la Coordinadora Política Social de la Región Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), Construcción Civil, Frentes de Defensa, Gobierno Regional, Autoridades Municipales, entre otros. 

Es necesario resaltar, que muchas de estas exigencias forman parte de las promesas electorales del actual mandatario y que han sido desvirtuadas por diversos funcionarios principalmente del Ministerio de energía y Minas, dejando entrever que los referidos compromisos no se cumplirían, lo que podría derivar en la agudización del conflicto social no solo en Arequipa sino en toda la macro región sur.

En ese sentido, la presencia de las delegaciones arequipeñas en Lima y la reunión con el Premier debe significar la concreción de dichas iniciativas y hasta el establecimiento de los plazos para su ejecución, con el fin de asegurar el desarrollo del sur del país, que derive en progreso para las familias.

La CGTP reitera su respaldo al pueblo arequipeño y acompañará a sus dirigentes en la movilización para exigir al gobierno la solución a sus demandas.

Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores de Indeco. Demandamos a las autoridades para que hagan prevalecer las leyes peruanas frente a esta transnacional (francesa) que se niega a respetarlas. Pese a que la huelga fue declarada legal, la empresa continúa desacatando lo dispuesto por la normatividad, lo que debería ameritar una sanción conforme a los dispositivos vigentes. 

Asimismo, expresamos nuestro apoyo a la demanda de la Federación Nacional de Trabajadoras (es) del Hogar del Perú (FENTRAHOP) para que se ratifique el Convenio 189 de la OIT, que les reconoce derechos laborales plenos.

(*) Secretario general de la CGTP

Gobierno promueve ofensiva antilaboral

Por: Mario Huaman Rivera (*)

Los controvertidos anuncios del Ministro de Economía, Luis Castilla, demuestran el inicio de una ofensiva antilaboral del gobierno, algo que perjudicará a los sectores más pobres del país impidiendo el incremento de salarios y profundizando la desigualdad social. A esto se suma, la inacción del Ministro de Trabajo, José Villena, para quien no existe la necesidad de corregir errores y prefiere mantener la incapacidad de dicha instancia para resolver las demandas de justicia de los trabajadores y sus organizaciones.

Ambos ministros son los principales responsables de la agudización de los conflictos sociales en el país porque se han convertido en una amenaza para cualquier modificación en el campo laboral y social. Esto se demuestra en la presión que ejerce el Ministerio de Economía para que se apruebe la Ley del Servicio Civil con el fin de imponer una nueva modalidad de relación entre el Estado y el Servidor Público para generar ahorro a las arcas fiscales con la reducción de derechos laborales. El objetivo es continuar la privatización del Estado.

Por estas razones, los trabajadores (as) estatales, organizados en la CITE y CTE, se vienen movilizando en todo el país para evitar la concreción de esta medida y defender su derecho al trabajo, además de denunciar el grado de corrupción que impera en las altas esferas del sector estatal, ámbito que no es tocado por la supuesta reforma de Castilla y Villena.

Cabe mencionar, que los trabajadores judiciales y los maestros (Sutep) han anunciado el reinicio de sus acciones de lucha por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno, debido a la intervención de Castilla, quien ha desautorizado incluso a los ministros del sector y dejado de lado los acuerdos con el Presidente del Poder Judicial, César San Martín. También ha contradicho, con el respaldo del ministro Villena, el compromiso del Presidente para ratificar el Convenio 189 de la OIT que reconoce derechos plenos a las trabajadoras del Hogar.

En el sector privado, el panorama también es desolador. El gobierno de la llamada gran transformación mantiene los precarizadores regímenes laborales especiales para la agroindustria, textiles y mypes, etc, además de dejarse de lado la Ley del Trabajo. Es inaudito, que las empresas en sectores regulados por medidas diferenciadas (reducción de derechos laborales y ventajas tributarias) que cada año ven incrementar sus ganancias, sus trabajadores sigan sin beneficiarse de dicho crecimiento y casi impedidos de reclamarlos. 

Asimismo, son más de medio millar de trabajadores y trabajadoras que han perdido sus puestos de trabajo por razones sindicales, desde que inició su periodo el actual régimen. Los empleadores aprovechando la impunidad que les brindan los referidos ministros hostilizan y amenazan a los sindicalizados, como sucede con la Empresa INDECO (grupo francés NEXANS), donde los funcionarios extranjeros llaman “terroristas” a quienes exigen un aumento decoroso, restitución del pago semanal en vez del mensual, entre otras demandas, generando una huelga que lleva más de 16 días. Demandamos solución. 

En el campo social continúan la privatización de los puertos, de los recursos naturales, la no masificación del Gas de Camisea, etc. Frente a ello, solo queda continuar la lucha promoviendo nuevas acciones de protesta para exigir que se ejecuten los cambios por los cuales votaron la mayoría de peruanos y peruanas.

(*) Secretario general de la CGTP

CGTP respalda a Susana Villarán


Por: Mario Huaman Rivera (*)

La controvertida decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de convalidar la cuestionada recolección de firmas para revocar a la alcaldesa de LimaSusana Villarán, demuestra el grado de corrupción que impera en diversos estamentos del Estado, los cuales se ponen a disposición de los intereses de los grupos de poder económicos interesados en seguir lucrando con el caos, el desorden, el robo, la delincuencia y hasta con el asesinato.

El jurado ha concluido una nueva etapa de la brutal campaña contraSusana Villarán que empezó desde su elección. Cabe resaltar que la autoridad edil en sus dos años de gestión ha sido víctima de constantes y viles ataques por parte de sectores políticos que se catalogan de democráticos y de supuestos periodistas que usando la mentira y la desinformación han buscado desacreditar los logros de una administración progresista, que propugna el cambio y viene ejecutando lo que prometió, como la reforma del transporte y reordenamiento del comercio al mayoreo realizado desde hace años en La Parada.

En el caso del transporte, los limeños somos conscientes de la manera salvaje como se maneja por parte de un grupo de supuestos empresarios que lucran con la precarización de dicho servicio público, además de atentar contra la dignidad humana de pasajeros, choferes y cobradores. La actual gestión municipal ha emprendido una profunda transformación de dicha actividad para satisfacer con calidad las exigencias de una ciudad en crecimiento económico y poblacional priorizando los intereses de las familias por encima de las mafias, que en dos años han promovido nueve fracasadas paralizaciones.

Asimismo, la decisión de reemplazar a La Parada por Santa Anita como Mercado Mayorista ha desnudado una serie de alianzas antidemocráticas, como el caso de la delincuencia y los comerciantes respaldados políticamente por sectores vinculados al Fujimorismo, APRA y Unidad Nacional (PPC), quienes a través de sus operadores buscan desacreditar una medida municipal que es reconocida en todo Lima. Con el inicio del desalojo de La Parada empieza el mejoramiento de la provisión de alimentos a las familias con higiene, mejores precios y principalmente brindando a toda la cadena de comercialización una utilidad económica razonable, rompiendo así las relaciones mafiosas que dominaban el exmercado mayorista. 

También debemos reconocer de la gestión de Susana Villarán su decidida lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. La alcaldesa ha conseguido en dos años mucho más de lo realizado por uno de los supuestos beneficiarios de la revocatoria y posible impulsor, el exalcalde Luis Castañeda

Por este motivo, la Confederación General de Trabajadores del Perú reitera su respaldo a la alcaldesa y convoca a todos los limeños y limeñas a consolidar un solo frente contra los corruptos que pretenden detener los cambios y proteger a las mafias que se benefician con el continuismo. En ese sentido, la consulta del 17 de marzo es una nueva oportunidad para profundizar los cambios políticos y económicos que se vienen dando en nuestra capital con el fin de lograr justicia social para todos y todas.

Al conmemorarse el 5 de noviembre el Día del Trabajador (a) Municipal brindamos nuestro saludo a los miles de servidores públicos que laboran en los municipios del país.

(*) Secretario general de la CGTP

La nueva ofensiva de la derecha


Por: Mario Huaman Rivera (*)

La derecha política y económica ha iniciado una furibunda ofensiva por asumir el control total del gobierno en el Perú pretendiendo así revertir la derrota que le propinaron los movimientos sociales en las elecciones generales, aprovechando para ello el giro del actual Presidente, quien ha dejado sus propuestas de cambio para mantener el continuismo precarizador que sigue ahondando las desigualdades y fomentando el conflicto social.

Esta ofensiva de la derecha se manifiesta a través de la brutal e irrespetuosa campaña que promueven los Fujimorista para exigir el indulto del responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el expresidente Alberto Fujimori, la cual sobrepasa lo límites de la decencia política porque vienen utilizando la desinformación y los sicosociales para ablandar a la opinión pública, contando para ello con el mayoritario respaldo de los medios de comunicación, los mismos que tratan de ocultar las atrocidades que se cometieron durante la dictadura.

Como lo hemos referido anteriormente, el indulto a Fujimori implicaría un duro golpe a la precaria democracia que tiene nuestro país y polarizaría aún más las diferencias políticas, lo que podría devenir en una mayor represión para los sectores populares, afectándose gravemente los avances económicos y, lo que es peor, nos convertiríamos en un país quebrantador del estado de derecho, porque el indulto iría en contra de sentencias condenatorias que sirven de jurisprudencia a nivel nacional e internacional.

Otra demostración es la revocatoria contra la alcaldesa de LimaSusana Villarán, promovida por personajes cercanos al exalcalde Castañeda Lossio y que gracias a una extraña resolución del Jurado Nacional de Elecciones lograron seguir entregando firmas fuera del periodo legal. Los revocadores podrían lograr su objetivo de afectar el normal funcionamiento de la Municipalidad de Lima y detener las reformas del transporte y el traslado del Mercado Mayorista. 
No se puede dejar de mencionar la campaña de desprestigio contra personajes vinculados a los sectores progresistas, como es el caso de Javier Diez Canseco, acusado sin fundamentos por sectores ligados al aprismo y Fujimorismo, que buscan suspenderlo en sus funciones, como una advertencia de lo que podría pasarles a los parlamentarios que denuncian la corrupción y la impunidad con que actúan ciertos sectores políticos.

Con estas acciones y otras más se busca torcer la voluntad popular expresada en las urnas e imponer una realidad rechazada por la mayoría de peruanos. La derecha no quiere una alianza con el Mandatario sino copar cueste lo que cueste todo el gobierno para continuar profundizando sus reformas económicas precarizadoras y expulsar de los espacios de poder a cualquier iniciativa política que defienda la justicia social.

La CGTP no cesará en su lucha de defender los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, demostrando que la mayoría del país (como los sectores populares y los trabajadores) sigue exigiendo la gran transformación y los cambios por los cuales respaldaron la elección de Ollanta Humala.

(*) Secetrio general de la CGTP

Después del divorcio (*)

Lo principal es la promesa de cambio más allá de la izquierda
 El paso de la izquierda peruana por el poder actual ha sido efímero. En un primer acto, en diciembre, fue cambiado el gabinete presidido por Salomón Lerner y con él varios ministros y funcionarios de militancia en la izquierda. La renuncia de tres congresistas a la bancada oficialista es el segundo acto que liquida la sociedad que Ollanta Humala y la izquierda celebraron hace varios años, mucho antes de la campaña electoral del 2011.
Esta ruptura, al mismo tiempo, es real y simbólica; la izquierda, que respaldó al candidato de Gana Perú y su oferta de cambio cuestiona el abandono de las promesas electorales y su ausencia hace tangible, y por lo que se advierte irreversible, la nueva ruta del gobierno. El sentido simbólico de esta ausencia se agudiza porque desde la izquierda se ha enarbolado un programa político y económico que hoy se bate en retirada, entre marchas y varazos.
Ese programa era el de Humala, quien participó en una competencia en la que se ubicó con claridad y precisión en una postura diferente con ideas innovadoras sobre la política, la economía y especialmente en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. En ese proceso centenares de políticos e intelectuales de izquierda depositaron en el candidato su confianza y su concurso. El argumento que exhibe uno de los voceros del nacionalismo sobre que en la relación de Humala y la izquierda solo ganó la última a costa del candidato, es de mal gusto y equívoca; es desconocer que Gana Perú fue una confluencia de varios sectores, tradiciones, y movimientos, nacionales y locales, y que en ese agrupamiento estuvo la izquierda, aunque ciertamente no solo ella.
Los cambios tempranos en la orientación del gobierno victimizaron las ofertas electorales más que a la izquierda. El debate sobre si es válida la llamada Hoja de Ruta o el programa de la Gran Transformación es una coartada si lo que trata es de determinar de qué modo el gobierno puede incumplir mejor con el cambio. Lamentablemente, incluso para los partidarios de la Hoja de Ruta, esta se encuentra por lo menos a 45° a la izquierda de la posición actual del gobierno. Y la máquina parece seguir girando a tenor de las intervenciones vitriólicas del premier Oscar Valdés en las redes sociales, desdibujando más la figura presidencial a la que se supone debe cautelar.
Al margen de la renuncia de los tres legisladores lo cierto es que el pueblo izquierdista, pequeño o grande, ha abandonado al gobierno. También es cierto que no tenía otra opción si su alternativa no pasa por los puestos públicos o algunas prebendas. El balance de su apoyo a Humala tendrá que explicar tanto la adhesión como el divorcio.
La historia política del Perú esta llena de engaños y tretas. Podría decirse que ellos, sin embargo, formaban parte de la adolescencia de un país donde las ideas y los hombres públicos demoraban en asumir los roles para los que eran llamados. Por esa razón, desde la perspectiva republicana actual y no pasadista, un giro político violento de 180 grados y la entrega de un gobierno contrario al que se ofreció es un golpe emocional de envergadura sobre todo si millones de personas votaron con la ilusión de un cambio. La izquierda parece haber salvado su responsabilidad, su penitencia recién se inicia, aunque el problema sigue siendo el compromiso de cambio.
(*) Editorial del Diario La República publicado el 6 de junio de 2012

EL SINDICALISMO PERUANO



Por: Antonio Zapata (*)

Hace unos días ha sido presentada una crónica de los despidos en empresas públicas al comenzar el gobierno de Fujimori. Su autor es Samuel Soplín, entonces sindicalista postal y trabajador de correos, quien nos devuelve a una época especialmente difícil para los trabajadores, cuando comenzó el ajuste neoliberal y masivamente perdieron derechos y puestos de trabajo.

Los sectores populares habían organizado sindicatos desde comienzo de siglo XX y paulatinamente fueron ganando protagonismo político. En lo fundamental, acompañaron al Apra hasta los años cincuenta, cuando el trabajo sindical del Partido Comunista fue ganando más adeptos. El viraje a la derecha consumado a través de la “convivencia” con Manuel Prado fue una oportunidad para los comunistas. Aprovechando esa ventana, para los años sesenta, los sindicatos estaban pasando masivamente a las izquierdas. Ese proceso fue estimulado por el auge de las revoluciones tercermundistas, después de la revolución china y el inicio del proceso de descolonización en el mundo entero. En América Latina, el triunfo de la revolución cubana generó un profundo giro hacia la izquierda de la política latinoamericana de los años sesenta, cuando todos los políticos se presentaban como partidarios del cambio social.

Así, los sindicatos ya eran izquierdistas cuando el general Velasco tomó el poder en octubre de 1968. Pero, durante su mandato los trabajadores lograron una conquista laboral muy importante. Se trata de la estabilidad laboral, que impedía despidos injustificados y obligaba a sustentarlos legalmente. Esa norma de Velasco permitió que los dirigentes sindicales puedan cumplir su trabajo sin mayores temores. Pero, la ley era tan drástica que introdujo elevada ineficiencia al sistema económico, puesto que el mismo efecto se hubiera podido lograr de otra manera.

Sin embargo, Velasco no se llevaba del todo bien con los sindicatos. Los consideraba comunistas y sospechosos de apoyar a una política extranjera, como era la Unión Soviética y Cuba. Velasco era muy nacionalista, tenía recelo de las posturas políticas que adherían a bloques extranjeros. Además, era autoritario y trataba a todo el país como cuartel, queriendo que se obedeciera “sin dudas ni murmuraciones”.

Por ello, no hubo luna de miel entre Velasco y los sindicatos. Por el contrario, en esta época se forjó el clasismo, una ideología que expresaba el esfuerzo por conservar autonomía con respecto al gobierno militar.

Ese movimiento clasista significó el punto más alto de la influencia política del sindicalismo durante la segunda parte del siglo XX. Se fortaleció gracias a Velasco, aunque logrando independencia para empujar un proyecto donde jugaba un importante papel, que fue la izquierda desunida de los 1970. Pero, desde los ochenta se inició el retroceso del sindicalismo. Sus protestas se gastaron, su discurso se quedó corto y perdió efectividad. Los cuadros políticos de las izquierdas ingresaron a la arena electoral y la competencia por cargos públicos. Nadie se quedó a trabajar junto a los sindicatos.

La hiperinflación del primer gobierno de García golpeó la organización sindical y los asesinatos de la violencia política tuvieron un efecto letal. De ese modo, se produjo la inversión del máximo logrado en los setenta. Al comenzar los noventa, con el gobierno de Fujimori, el sindicalismo retrocedió al nivel mínimo de influencia y su vigencia fue seriamente mellada. Desde entonces no se ha recuperado en forma significativa.

En su contra opera la transformación del mercado de trabajo, que ha tercerizado funciones e individualizado la producción. Estos cambios internacionales de la organización económica también llegaron al Perú al comenzar los noventa, con el gobierno Fujimori y el neoliberalismo, dando inicio -malo que bueno- al país contemporáneo que vivimos hasta hoy.

Pocas veces la perspectiva sindical de este proceso ha merecido una narrativa tan coherente y bien contada como en la reciente crónica de Samuel Soplín.


(*) Historiador. Artículo publicado en el Diario La República el 30 de mayo de 2012


LEY GENERAL DE TRABAJO: CAMBIO O MAQUILLAJE




Por: Valentín Pacho (*)

Aunque lejos de mi patria sigo los acontecimientos en el país. En mi condición de ex Secretario General de la  Confederación General Trabajadores del Perú (CGTP) y actual Secretario General Adjunto de la Federación Sindical Mundial (FSM) tengo el deber de expresar mi opinión sobre el proyecto de Ley General de Trabajo (LGT) presentado, en setiembre del año pasado, al Congreso de la República por la Comisión de Trabajo con la firma aprobatoria de su presidente y demás miembros de todas las bancadas, menos uno, probablemente por estar en desacuerdo con su contenido 

Este  proyecto de LGT, según información de la propia Comisión de Trabajo, es producto de anteriores anteproyectos de la última década que han sido acumulados, más los aportes del Consejo Nacional de Trabajo con el 85 % consensuado.

Según informaciones de fines del año pasado y algunos comentarios, el Congreso de la República someterá a debate dicho proyecto para su aprobación en los primeros meses del presente año. 

Después de la renuncia del Gabinete Lerner, las cosas han variado y puede ser que lo aprueben por sorpresa o lo retracen hasta nuevo aviso ya que un sector de congresistas neoliberales y la derecha, representante del poder económico y mediático, están ahora más preocupados en imponer el proyecto Conga y en la demolición de los personajes más representativos de Gana Perú que no gozan de su total simpatía.
  
Devolución de los derechos despojados 

La elección del Presidente Ollanta Humala con promesas de cambio, inclusión social y lucha contra la corrupción, generó  expectativa y esperanza entre los trabajadores y sectores sociales excluidos. Quienes dimos el voto por Gana Perú lo hicimos contra  el continuismo neoliberal.

En las dos últimas décadas, estos gobiernos a exigencia de los poderes económicos y (de) la derecha, despojaron a los trabajadores de sus principales derechos laborales y sus conquistas sociales, imponiendo una serie de leyes y decretos antilaborales y antisindicales con los cuales sometieron a la clase trabajadora a la peor explotación.

Por lo tanto, la  inclusión social referida a los trabajadores debe entenderse como la devolución de los derechos laborales y conquistas sociales que arbitrariamente les fueron expropiados. Asimismo, debe entenderse, también, como la redistribución de la riqueza para generar desarrollo y con él, empleo con salario digno, para combatir la pobreza. Es lo que esperan los trabajadores.

El proyecto es neoliberal


Una rápida lectura al proyecto genera desaliento y frustración, pues comprobamos que solo se trata una recopilación de toda la legislación antilaboral y antisindical impuesta por anteriores gobiernos neoliberales. De aprobarse tal proyecto, por más  remiendos que le pongan, sería como disfrazar al lobo de caperucita. Una burla más para los trabajadores. 

Si hablamos de cambios como prometió el presidente, se tienen que derogar todas las leyes y decretos antilaborales y antisindicales a fin de proyectar una legislación laboral que signifique la recuperación de la dignidad de la clase trabajadora y de sus derechos; por ejemplo, el fomento de la negociación colectiva (retorno del Contrato Colectivo de Trabajo) o derecho a huelga.

Los trabajadores no quieren más arbitrajes, no más services ni tercerización o alquiler de trabajadores, no mas criminalización de las protestas, no mas judicialización de las relaciones laborales, pleno derecho a la estabilidad laboral, derogatoria del CAS, recuperación del rol tuitivo del Ministerio de Trabajo, etc.

Imprescindible modificación de la actual constitución


El Proyecto de Ley General de Trabajo (LGT), tiene un vicio de origen al adecuarse al arco de la actual Carta de Fujimori (1993) que los trabajadores y las fuerzas progresistas han demandando su modificación porque no favorece ni a los trabajadores ni a los pueblos excluidos, tanto así que ni el Presidente Humala ni los Vicepresidentes juramentaron sus cargos por esa Constitución sino por la del 1979. 

Si realmente se quiere hacer cambios que permitan recuperar los derechos fundamentales de los trabajadores necesariamente se tendría que sustituir la Constitución o modificar mínimamente varios artículos de ella para que posibiliten una nueva legislación laboral, de tal suerte que la  LGT signifique restitución de los derechos laborales y conquistas sociales cercenados; y, la derogatoria de todas las disposiciones violatorias y abusivas. Si no es así, entonces nos estaríamos engañando.


En varios  países de América Latina  como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y otros, han tenido que modificar sus  Constituciones neoliberales para así poder hacer los cambios necesarios, no solamente en lo laboral, sino en la política general del Estado.

Consejo Nacional del Trabajo

El Consejo Nacional del Trabajo y Fomento del Empleo (CNT) al que los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García han hecho aparecer como el órgano consultivo del tripartismo en el Perú, porque en el participan representantes del gobierno, de empresarios y de trabajadores, de órgano de concertación sólo tiene la nomenclatura (cumple una función decorativa, apenas de palabra) y constituye más bien una de las principales barreras de aquellas iniciativas que han sido sometidas a su consideración y que por el veto que ejerce la representación empresarial, con el respaldo de la representación gubernamental, han impedido o desnaturalizado tales iniciativas. Ejemplo de ello son los diez años en que se paralizó la LGT.

El CNT no ha hecho ningún aporte trascendental, sólo ha concretado algunos acuerdos que no afectan la política neoliberal ni quitan el sueño de los empresarios. Esto es tan cierto que el Dr. Carlos Blancas lo ha resumido en la respuesta a la pregunta del diario La Primera.

- ¿No se desalentarían la creación de empresas por mayores costos laborales? 

“- Pero si no hay mayores costos. Quien dice eso miente  La Ley no ha aumentado ninguno de los beneficios que actualmente existen. Estos son cinco, compensación por tiempos de servicio, asignación familiar, gratificaciones, 30 días de vacaciones y participación en las utilidades. La ley no aumenta los gastos ni en un céntimo”.   

Como puede verse, lo que menciona el Dr. Blancas, es todo el aporte del CNT que está incluido en el proyecto de LGT, lo demás es recopilación de leyes antilaborales y antisindicales de los gobiernos de Fujimori, Toledo y Alan García.
  
Cabe mencionar que en el Consejo Nacional de Trabajo respecto a los despidos arbitrarios y abusivos que impusieron los gobiernos con el pago de 12 sueldos, ahora, con grave aceptación de la representación sindical, se ha pactado que, en vez de 12 sean 18 los sueldos que te pagan para botarte. O sea que ahora, con bendición de las víctimas, se legalizan los despidos abusivos y arbitrarios. 

Esto nunca se debió aceptar porque significa legalizar mediante tarifa, vender los despidos mencionados ya que, por ser arbitrarios son injustos. Sería preferible que los impongan como lo están haciendo pero jamás pactar con ello, porque la lucha del movimiento sindical clasista ha sido, es y será por el derecho a la estabilidad en el trabajo.

Este derecho ya la conseguimos a través del Decreto Ley 18471 durante el gobierno de Velasco Alvarado, incluso el gobierno de Morales Bermúdez se vio obligado a respetarlo por la razón y la fuerza de los trabajadores y sus sindicatos. Lo mismo pasó durante el segundo gobierno de Belaunde hasta en el primer gobierno de Alan García, inclusive. 

Esto porque la Constitución de 1979 en su artículo 48 no permitía despidos arbitrarios o abusivos y si garantizaba la estabilidad laboral. Cabe preguntarse ¿porque pactar ahora aceptando el despido  arbitrario? ¿Por unos soles?

El sagrado derecho a la estabilidad en el trabajo

Repito, cuando hablamos sobre el derecho a la estabilidad en el trabajo no demandamos nada nuevo ni ajeno a los trabajadores porque ya la conquistamos y la tuvimos. El estado neoliberal y ladrón nos la robó. 

La conquistamos en 1970 y fue consignada en la mejor legislación laboral que tuvo el Perú, esto es durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

En consecuencia, la defensa y lucha por recuperar el derecho a la estabilidad en el trabajo es cuestión de principios y honor y no es negociable.
  
Quienes cuestionan la estabilidad laboral sostienen que se trataría de una institución retrógrada, herencia del “nefasto” gobierno de Velasco Alvarado. Quienes sostienen ello, no ignoran, sino esconden que la estabilidad en el empleo está consagrada expresamente en el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos) y reconocida en el siglo XXI por el Tribunal Constitucional en jurisprudencia uniforme de más de 9 años, que ha dejado sentado que el derecho al trabajo tiene dos componentes esenciales: el derecho de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser privado de ese puesto de trabajo sin causa justa. Y es que, en efecto, la causa justa es la única fuente legitimadora de un despido; por consiguiente, el despido arbitrario no puede ser convalidado con la indemnización, sino enfrentado con la restitución del trabajador en su puesto de trabajo. 

Visto de esta forma, el Consejo Nacional del Trabajo, no podía aportar nada interesante para los trabajadores, por dos razones:

1. En el CNT, sólo el veto de la parte empresarial anula cualquier iniciativa a favor de los trabajadores, si a esto agregamos la posición neoliberal y pro patronal del gobierno tendremos, entonces, un CNT improductivo. 

2. La mentalidad de los empresarios peruanos no tiene, como en los países desarrollados, mayor amplitud de criterios en función del desarrollo de sus respectivos países. Ninguna conquista laboral se pudo obtener en el Perú por voluntad o iniciativa del empresario, ha tenido que ser producto de grandes acciones de lucha con muertos y heridos o encarcelamiento de los sindicalistas.

Los hechos han demostrado que el Consejo Nacional del Trabajo no  ha aportado nada que valga la pena. Sólo esta siendo utilizado para  crear confusión con eso del 85 % consensuado. Tal es así que ni siquiera se ha podido acordar el aumento del salario mínimo, tantos años postergado, cuando esto se da ya en la mayoría de países de América Latina.

La madre del cordero

Los que somos parte del sindicalismo de clase, sabemos que para la elaboración de una legislación laboral se tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos.

- A favor de quién se va ha elaborar la LGT, es decir a que clase social se quiere favorecer.

- Si el proyecto de LGT está sobre la base del contenido y espíritu de la actual Constitución de la República, engendro de la dictadura fujimorista ¿Cómo se pretende que dicha LGT vaya a ser  favorable a los trabajadores?

- La actual Constitución ha sido impuesta por el neoliberalismo y es defendida por los partidos políticos de la derecha, sobre todo por el empresariado. Por esta razón la cuestionan los trabajadores y los sectores progresistas y democráticos de nuestro país.

- Si el proyecto de LGT está basado en la actual Constitución fujimorista, entonces, de aprobarse en el Congreso, se hará  en contra de los intereses de los trabajadores, con la diferencia de  que las leyes neoliberales dispersas estarán centralizadas en una sola  ley orgánica. Eso no sería ningún cambio sino simple demagogia.

Sospechosa “Comisión de Expertos” 

Lo más preocupante es el hecho de que el Ministerio de Trabajo ha nombrado una “Comisión de Expertos” conformada por ex ministros de trabajo y promoción del empleo para que revisen el proyecto de LGT y hagan sus aportes. Con el respeto que se merecen cada uno de ellos, no entusiasma en absoluto el hecho de que esa “Comisión” esté compuesta en su mayoría por gentes que fueron ministros de gobiernos neoliberales. 

Particularmente he tratado con muchos de ellos y solo podría cifrar esperanzas en el doctor Carlos Blancas, a quién conozco como un profesional en busca de justicia a favor de los trabajadores cuando fue Ministro de Trabajo por corto tiempo en el primer gobierno de Alan García, Su actuación fue correcta, por eso, luego, fue cambiado por ministros apristas más confiables. 

Sería iluso creer que los conformantes de la “Comisión de Expertos”, habiendo sido ex ministros neoliberales, conocidos por ser asesores de importantes empresas vayan a mejorar dicho proyecto a favor de los trabajadores. Es como pensar que el León se va a volver vegetariano. Lo que harán será maquillar el proyecto para que el contenido sea más neoliberal.

El Tribunal Constitucional 

Sin embargo, la luz de la estabilidad en el trabajo se escapó del túnel oscuro del neoliberalismo gracias a la actitud ética y coherente del Tribunal Constitucional presidido por el doctor Javier Alva Orlandini e integrado, entre otros, por la destacada figura del doctor Magdiel Gonzáles Ojeda. El TC en el 2003, mediante jurisprudencia de carácter vinculante restituyó el derecho a la estabilidad laboral y, asimismo, puso coto a los abusos del trabajo de 12 o 14 horas.

Tuvo que ser el Tribunal Constitucional de esos años, el que sacudió la conciencia de los gobiernos y los empresarios abusivos, haciéndoles entender de una buena vez que la estabilidad en el trabajo es un derecho irrenunciable del trabajador y no una merced del patrón. 

La  Corte  Interamericana  

Un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado otra lección a los gobiernos neoliberales del Perú, mediante sentencia del 24 de noviembre del 2006 que ordena al Estado peruano la inmediata reposición en sus puestos de trabajado de los trabajadores del Congreso que fueron despedidos por el gobierno de Fujimori a raíz del golpe del 5 de Abril 1992. Igualmente, con otra sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que sean repuestos los trabajadores del Municipio de Lima que hacía años fueron despedidos injustamente. 


Esto debe servir de aliento para que la lucha contra los despidos arbitrarios, abusivos e injustificados siga vigente.

¿Cuales son los  problemas centrales de  los trabajadores  y sindicatos que el proyecto de LGT debió considerar en la actualidad? 

1. Eliminación del Contrato Colectivo del Trabajo  

El golpe más duro que los gobiernos neoliberales dieron a la clase trabajadora y a los sindicatos en el Perú fue la eliminación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en el que intervenían, como muchos sindicalistas deben recordar: Estado, empresarios y trabajadores. 

En  la actual Constitución no aparece el Contrato Colectivo de Trabajo y por cierto, tampoco, en el proyecto de la Ley General de Trabajo, los sindicalistas sabemos que esta es, precisamente, la parte central de las relaciones laborales existentes en la mayoría de países de América Latina y en la Unión Europea, mientras en el Perú se desconoce o procura desconocer.

El Estado peruano ha suscrito los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y la OIT reconoce el carácter tripartito de las relaciones laborales, esto es la establecida por la representación de los estados, empleadores y de los trabajadores; por tanto, es discordante que en el Perú no se practique el tripartismo.  
       
2. El Estado peruano saca el cuerpo para no asumir su función tuitiva

Al haber eliminado el Contrato Colectivo de Trabajo, el Estado renuncia a su carácter tutelar y a su obligación de defender al más débil (al trabajador) en la solución de los problemas laborales. En ese contexto, en las relaciones laborales, quedó eliminada la función del Ministerio de Trabajo, convirtiéndose sólo en un simple veedor u observador de esas relaciones y de los conflictos que estas generen.

Eliminada la función del Ministerio de Trabajo, las reclamaciones  o conflictos laborales que antes se tramitaba en vía administrativa  ante los organismos de este Ministerio han pasado al poder judicial (juzgados laborales). Esto implica que se ha judicializado las relaciones laborales, de tal suerte que  el trabajador queda sin protección, al libre albedrío y abuso de los empresarios y del poder judicial, generalmente corrupto. 

La experiencia ha demostrado y está demostrando que tales juzgados demoran meses o años para resolver los reclamos de los trabajadores, con pérdida de tiempo y gastos por parte del trabajador litigante, que, en la mayoría de casos, termina por abandonar el proceso.

3. Debilitar a los sindicatos y neutralizar el papel  de los dirigentes sindicales

Al judicializar las relaciones laborales, toda reclamación  relacionada, por ejemplo, con el incumplimiento de pactos y convenios, reintegros salariales, sobre tiempos, despidos de trabajadores o suspensiones, etc., ahora hay que hacerlo ante el poder judicial.

Encima se les prohíbe a los sindicatos intervenir en la defensa de sus afiliados porque el poder judicial sólo admite abogados, esto implica que el trabajador tiene que disponer, parte de sus derechos reclamados, en pagar a juristas, lo que antes lo hacía el sindicato. De esta forma el trabajador pierde parte de su derecho, anulan el papel del dirigente sindical y del sindicato mismo. 


Esto es, precisamente, lo que querían y quieren los poderes económicos.

La experiencia personal y la de muchos dirigentes sindicales, contemporáneos míos, nos enseñó que era el sindicato el que hacía las denuncias firmadas por sus dirigentes ante el Ministerio de Trabajo. Este proceso, previas reuniones conciliatorias, se solucionaba en trato directo o, sino había acuerdo, era, finalmente, el Ministerio de Trabajo quien resolvía en primera o segunda instancia (según los casos). 

La diferencia radica en que, entonces, el sindicato participaba activamente en representación del trabajador y/o trabajadores; asimismo, la función tuitiva de la autoridad de trabajo ayudaba en las soluciones. Y el diálogo no se agotaba.

Los últimos gobiernos, sus ministros y parlamentarios, unidos a los empresarios, vienen pregonando que la actual Constitución  garantiza los derechos de trabajadores y que todos son iguales ante la ley. Eso es una mentira más grande que una Catedral ¿Como puede hablarse de “iguales ante la ley” cuando los patrones tienen todas las leyes a su favor y los trabajadores no tienen leyes que les favorezca, debiendo enfrentarse constantemente a las maniobras y a la prepotencia de los empresarios y a un poder judicial corrupto? 

Sobre esta situación el proyecto de Ley General de Trabajo no propone ningún cambio, cuando debía haber propuesto que el Ministerio de Trabajo vuelva a tener las facultades que antes tuvo.

4. Negociación colectiva y trampa en los arbitrajes.

La  Negociación Colectiva regula las condiciones de trabajo y las mejoras salariales, además, da solución a los pliegos de reclamos, generalmente anuales de los sindicatos.

El derecho a la negociación colectiva ha sido una de las conquistas más importantes de los trabajadores en el mundo, costó grandes sacrificios y vidas. Lamentablemente, hoy son cada vez más burladas y distorsionadas por los empresarios y los gobiernos cómplices.

Desde 1944, la Negociación Colectiva es reconocida oficialmente a nivel mundial, así aparece en la Declaración de Filadelfia de ese mismo año afirmando la necesidad de su reconocimiento. En el convenio 98 de 1949 de la OIT, quedó plasmado en forma definitiva el derecho a la negociación colectiva.

Estos compromisos han sido suscritos por el Estado peruano, lo mismo que el convenio 154 de 1981, referido al fomento de la negociación colectiva y la Declaración Tripartita de la OIT de 1998 referida a Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Pese a ello y al hecho de que en la actual Constitución de la República se menciona el derecho a la negociación colectiva, sin embargo, las empresas, se niegan a solucionar los pliegos y los gobiernos la distorsionan para debilitarla con el deliberado propósito de impedir las huelgas.

El gobierno de Fujimori, después del golpe de 1992, promulgó el Decreto Ley 25593 (de  Relaciones Colectivas) referido a la regulación de libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Esto significó un retroceso en comparación con las anteriores legislaciones sobre la materia. 

Debido a ello, sucede ahora que los empresarios privados o paraestatales ante la presentación de los pliegos de reclamos de los sindicatos, recurren a su vieja y conocida táctica de ponerse intransigentes, los trabajadores se ven obligados ir a la huelga y la  patronal prolonga el problema hasta las calendas griegas con el fin de vencerlos por agotamiento, a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo que hoy está convertido solo en veedor. 

Los  trabajadores ahora se ven obligados a someterse al arbitraje o Laudo Arbitral que, por ser de carácter comercial privado, tienen ellos que pagar un arbitraje demasiado costoso. 

Por ejemplo, el pliego de reclamos del Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación, que se ventila en el Tribunal Arbitral, costará 45 mil soles, en cambio si se tramitara en el Ministerio de Trabajo no tendría que pagarse costo alguno. 

Es decir que hoy, en lugar de mejorar los míseros salarios de los trabajadores se les arrancha parte de su salario por medio de los arbitrajes.  Y, lo peor es que la decisión del Tribunal Arbitral es inapelable. Antes ocurría que, cuando se tramitaba en el Ministerio de Trabajo había derecho a la apelación y, paralelamente, en forma extraoficial, el diálogo entre las partes podía continuar.

Hoy, se aplica el trámite fácil de declarar las huelgas ilegales y por tanto el despido de trabajadores se vuelve inminente. Este chantaje utiliza la empresa para presionar a los sindicatos contra el paro o bien contrata a trabajadores tercerizados para enfrentarlos a sus hermanos de clase. De esta manera, los empresarios continúan con las manos libres para manipular y burlarse de los trabajadores con la protección hipócrita y descarada del Estado. 

Claro que la Constitución habla de reconocer el derecho a huelga, pero nada dice de las trampas que los gobiernos facilitan a los empresarios para burlar o distorsionar la negociación colectiva. 

En conclusión, los arbitrajes son un retroceso en las relaciones laborales y debe ser derogados. Es el Ministerio de Trabajo el que debe resolver los conflictos.

5. Los pliegos nacionales por rama de actividad

Otra de las consecuencias negativas de la actual Ley de Negociaciones Colectivas es el hecho de que no reconoce el derecho a los pliegos nacionales por rama de actividad, cosa que en otros países es práctica normal en los convenios colectivos. Si se habla de cambios es hora de que se reconozcan los pliegos nacionales por rama de actividad en el Perú, cosa que en el proyecto de LGT pasa por desapercibido  

En el caso de los trabajadores de la construcción, este sector es el único que ha logrado, a puño limpio a través de grandes acciones de lucha recuperar sus fueros. Antes existía la Comisión Tripartita   para negociar y solucionar el pliego nacional y demás condiciones, pero, durante el gobierno de Fujimori, esta fue anulada. Después de varios años de continuas movilizaciones la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) logró que se  respete el derecho al pliego nacional por parte de CAPECO al margen de la actual legislación laboral.

6. Tráfico de trabajadores-mercancía 

Otra perla de los gobiernos pro patronales son los llamados services, formalizados mediante Ley 27626 publicada en Enero del 2002  por el gobierno de Alejandro Toledo como empresas especiales de servicios o prestación de servicios de intermediación laboral. Como se verá, esta terminología inofensiva sirve para denominar al tráfico indignante del trabajo y para humillar al trabajador como ser humano.

También el Decreto Legislativo 728, conocido con el  nombre rimbombante de Ley de Productividad y Competitividad, promulgado por Fujimori con el Decreto Supremo 0097-TR, obliga al trabajador a vender su fuerza de trabajo al empresario en el mercado, estando sujeto a la oferta y la demanda, o sea que el trabajador, por obra y gracia de estos decretos, se convierte en mercancía.    

Lo que está ocurriendo ahora es que el empresario capitalista que compra la fuerza de trabajo puede revenderla a otra empresa. Es decir el Estado y los empresarios han legalizado, en los hechos, el tráfico del trabajo humano.


Mientras siga vigente el Decreto Legislativo 728, los trabajadores seguirán a merced de la superexplotación y abuso de los empresarios con el beneplácito del gobierno. Por esta razón los services deben ser suprimidos; pero, el proyecto de LGT no propone la derogatoria de esta malhadada ley.

7. CAS: el Estado traficante 

El propio Estado está traficando con el trabajo humano, es el caso de los trabajadores del sector público comprendido en el Contrato Administrativa de Servicios (CAS) que, mediante el Decreto Legislativo 1057, impuso la explotación de estos trabajadores en su gran mayoría calificados pero, sin derechos sociales, a pesar de que cumplen con el trabajo de calidad como los demás trabajadores del sector público. 

El Estado abusivo y sin escrúpulos viene manteniendo esta situación indignante con más de 180 mil trabajadores de ese sector. Actualmente, en el Congreso de la República, los parlamentarios que siendo candidatos prometieron derogar el Decreto Legislativo 1057 ahora se hacen los chuecos, dando largas, con el cuento de que se hará por partes y según dicen… a partir del 2013. 

Aquí solo cabe la derogatoria inmediata del DL 1057 para terminar con el CAS y que solo quede como un recuerdo vergonzoso del Estado peruano. Mas bien debe ir pensando como devolver los derechos que dejó de pagar a éstos trabajadores, víctimas del abuso al que se vieron obligados a soportar por la necesidad del trabajo.

8. La  tercerización  

La indignante tercerización o outsourcing creada mediante Ley  No 29245 (24.06.2008)  y el Decreto Legislativo Nº 1038, durante el gobierno de Alan García con el objeto de reducir costos, está sometiendo a los trabajadores a la peor explotación, sin derechos sociales, teniendo que soportar la angustia de no ser recontratados o ser despedidos si intentan formar sindicato o hacer reclamación alguna. 

Es la peor humillación al trabajador. Es una contratación precaria y perversa que está afectando a la gran mayoría de trabajadores, principalmente jóvenes en todas las ramas de la actividad productiva. Miles de éstos laboran desplazados en lugares en donde no cuentan con mínimas condiciones de supervivencia. 

La tercerización sirve para burlar el derecho a sindicación, a la negociación colectiva, al derecho de huelga, etc. Es decir se legaliza el fraude por parte de la patronal en complicidad del Estado.

La  proliferación de las cadenas de subcontrataciones tercerizadoras, donde una empresa traficante vende la fuerza de trabajo de los que ha contratado a otra empresa subcontratista, traficante y ésta a otra y así sucesivamente, es lo que viene ocurriendo en nuestro país y en nuestros días. 

Los derechos de esos trabajadores queda en el limbo, mientras, los beneficiarios son las grandes empresas y los intermediarios, a costa de la sobreexplotación de dichos trabajadores.

Para poner solo un ejemplo. Tenemos en la Federación Sindical Mundial (FSM) la denuncia reiterada de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP)  de que el 80% del total de los trabajadores asalariados de este sector son tercerizados, 

¿Quién se está beneficiando con todo el ahorro que produce el no pago de los derechos de estos trabajadores? Evidentemente que son las empresas mineras las que están obteniendo jugosas ganancias, favorecidas, además, por los buenos precios internacionales de los minerales.

La modalidad de la tercerización es la peor estafa a los trabajadores. 

No cabe hacer reglamentaciones como algunos están pregonando para confundir. La tecerización y la Ley  29245 y el Decreto Legislativo 1038 simplemente deben ser derogados.

En conclusión 

Los problemas que he mencionado no han sido tomados en cuenta en el proyecto de la Ley General del Trabajo, ello nos obliga a concluir que este Proyecto no conlleva ningún cambio favorable para los trabajadores, tratándose sólo de puro maquillaje. La tal LGT no es más que la recopilación de las leyes y disposiciones antilaborales y antisindicales engendrados por los gobiernos neoliberales del país.

Son los trabajadores del Perú y sus sindicatos los que pueden exigir qué leyes necesitamos y qué leyes deben ser cambiadas cuando no son favorables, Si realmente se quiere una Ley General del Trabajo que signifique restitución de los derechos fundamentales de los trabajadores que les fueron cercenados esto tiene que pasar por la modificación de la actual Constitución. 

No hay que dejarse llevar por la propaganda y lo dicho por la Comisión de Trabajo del Congreso de que el 85% del proyecto de LGT ha sido consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo. Ese 85 % como lo estamos señalando se refiere a la recopilación de las leyes y decretos neoliberales ya existentes y a temas que no afectan los intereses patronales donde no se encuentran los aspectos centrales que aquí se ha mencionado.

Para cambiar o modificar la actual Constitución sólo existen dos opciones: 

1. Vía Congreso Nacional, donde la correlación de fuerzas es desfavorable porque los congresistas de Gana Perú ya no están convencidos de lo que ofrecieron y ni el mismo Presidente Humala está persuadido de la necesidad de cambiar la actual Constitución que  prometió en su campaña electoral porque su gobierno está prácticamente acorralado por la derecha.

2. La otra vía, se ha convertido en la única posible, es la acción directa de las masas, mediante una o varias movilizaciones nacionales para exigir referendo. Eso depende de las condiciones, convicción y decisión del movimiento sindical peruano, de las fuerzas sociales y de los partidos políticos progresistas del Perú. 

(*)
Ex Secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Arequipa
Ex  Secretario General de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa 
Ex Subsecretario General y defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú FTCCP
Ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP
Actual Secretario General Adjunto de la Federación Sindical Mundial FSM.