Por Mario Huamán Rivera (*)
A comienzos del gobierno de Ollanta Humala,
la CGTP le entregó la agenda laboral y social, donde se contemplaban
las principales demandas de los trabajadores y trabajadoras. A casi dos
años de dicha entrega poco o nada se ha resuelto, debido al viraje
político del actual mandatario. Como le referimos ayer a la ministra de
Trabajo, Teresa Laos, los compromisos de cambio del régimen se han
convertido en un continuismo que profundiza la desigualdad y promueve el
conflicto en el país.
Los únicos avances que en materia laboral se han conseguido son el
aumento de la remuneración mínima vital y la dación de la Ley de seguridad y salud
en el Trabajo y en lo social la Ley de la Consulta Previa.
Lamentablemente, el incremento del costo de vida licuó en la práctica la
mejora salarial y las dos normas promulgadas o han sido
desnaturalizadas por sus reglamentos o la presión política las hace
impracticables, beneficiando con ello a los mismos grupos de poder
económico.
La legislación laboral Fujimorista sigue vigente e impide que millones de trabajadores accedan a derechos laborales plenos y que sean despedidos por razones sindicales (van 600 en los 17 meses del gobierno de Humala). Se mantienen los regímenes especiales en Textiles y Agroindustria, además de las Mypes y la Tercerización. Los esfuerzos hechos para derogar dichas normas siempre han contado con la negativa del Ejecutivo y la defensa férrea de las bancadas empresariales (Fujimorismo, APRA, Alianza por el Gran Cambio, etc).
La Ley del Trabajo quedó congelada por el anterior ministro, así como la reglamentación de la Ley de Relaciones Colectivas y de la Tercerización y la reforma del Ministerio de Trabajo con el fin de recuperar su capacidad tuitiva.
A esto debemos de sumar, la disposición complementaria (58) de la Ley de Presupuesto de la República, que de manera inconstitucional elimina la negociación colectiva para los trabajadores estatales, en momentos que los servidores públicos vienen luchando por impedir la aprobación de una norma denominada del servicio civil, que contempla la eliminación de derechos laborales.
En lo social, el compromiso de la recuperación del Gas de Camisea, solo ha quedado en el discurso. Las corporaciones empresariales lideradas por Repsol siguen enriqueciéndose, mientras la población se ve afectada por el aumento del costo de la energía debido a que la masificación del Gas ha dejado de ser prioridad para el gobierno.
Asimismo, los servicios de salud, Educación y seguridad ciudadana siguen inmersos en la precariedad brindándose servicios de mala calidad a las familias más pobres, sucediendo algo similar en el seguro social, manteniéndose el mismo estilo destinado a promover la privatización en dichos sectores.
Finalmente, la firma compulsiva de Tratados de Libre Comercio sigue sometiendo a nuestra economía a la crisis de las economías desarrolladas y a una competencia desleal por el subsidio que estas gozan, además de ser un peligro para los trabajadores porque dichos compromisos no contemplan la protección del trabajo con derechos, algo que profundizará la desigualdad en el Perú.
La legislación laboral Fujimorista sigue vigente e impide que millones de trabajadores accedan a derechos laborales plenos y que sean despedidos por razones sindicales (van 600 en los 17 meses del gobierno de Humala). Se mantienen los regímenes especiales en Textiles y Agroindustria, además de las Mypes y la Tercerización. Los esfuerzos hechos para derogar dichas normas siempre han contado con la negativa del Ejecutivo y la defensa férrea de las bancadas empresariales (Fujimorismo, APRA, Alianza por el Gran Cambio, etc).
La Ley del Trabajo quedó congelada por el anterior ministro, así como la reglamentación de la Ley de Relaciones Colectivas y de la Tercerización y la reforma del Ministerio de Trabajo con el fin de recuperar su capacidad tuitiva.
A esto debemos de sumar, la disposición complementaria (58) de la Ley de Presupuesto de la República, que de manera inconstitucional elimina la negociación colectiva para los trabajadores estatales, en momentos que los servidores públicos vienen luchando por impedir la aprobación de una norma denominada del servicio civil, que contempla la eliminación de derechos laborales.
En lo social, el compromiso de la recuperación del Gas de Camisea, solo ha quedado en el discurso. Las corporaciones empresariales lideradas por Repsol siguen enriqueciéndose, mientras la población se ve afectada por el aumento del costo de la energía debido a que la masificación del Gas ha dejado de ser prioridad para el gobierno.
Asimismo, los servicios de salud, Educación y seguridad ciudadana siguen inmersos en la precariedad brindándose servicios de mala calidad a las familias más pobres, sucediendo algo similar en el seguro social, manteniéndose el mismo estilo destinado a promover la privatización en dichos sectores.
Finalmente, la firma compulsiva de Tratados de Libre Comercio sigue sometiendo a nuestra economía a la crisis de las economías desarrolladas y a una competencia desleal por el subsidio que estas gozan, además de ser un peligro para los trabajadores porque dichos compromisos no contemplan la protección del trabajo con derechos, algo que profundizará la desigualdad en el Perú.
(*) Secretario General de la CGTP
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