Por Mario Huamán Rivera (*)
Si bien la captura de los integrantes de la banda “La Gran Familia” ha sido un duro golpe al crimen organizado por parte de la Policía Nacional, continúa el incremento exponencial de la inseguridad
afectando la calidad de vida de la ciudadanía, debido a que los robos,
asaltos, pandillaje y otros hechos delictivos precarizan las condiciones
de trabajo y aumentan los costos debido a que las familias deben gastar
más en seguridad (vigilantes, movilidad, armas, etc.).
A esto se suma el aumento de la corrupción y la impunidad en varias
entidades estatales y privadas, muchas de las cuales han preferido
beneficiarse de la convivencia con la violencia y la criminalidad, como
ha sucedido con algunos malos elementos del Ministerio Público, Poder Judicial y la propia Policía Nacional, los cuales han permitido el crecimiento de la delincuencia, como se ha comprobado en Piura y Chiclayo.
Un dato que ha sido dejado de lado por la mayoría de medios de comunicación es que el 50% de empresarios encuestados en la Cade 2102 manifestó que ha tenido que recurrir a la corrupción para generar ganancias a sus inversiones. A esto debemos agregar la impunidad con que muchas de estas empresas abusan de sus trabajadores, desconociéndoles sus derechos laborales y haciendo lobbies en el Congreso para evitar que se deroguen las normas que afectan la dignidad y la situación económica de las familias trabajadoras.
Con este marco podemos constatar que mientras no afecte sus intereses, gran parte del sector público y privado poco o nada hacen para enfrentar a la corrupción y la inseguridad ciudadana, y por el contrario utilizan estos flagelos para sus fines particulares sin importar el grave impacto que esto causa en la sociedad, principalmente a los más pobres. Luchar contra estos males sociales es un compromiso pendiente del presidente Ollanta Humala, y una demanda de la ciudadanía, como se demuestra en las últimas encuestas.
Pese a ello, debemos reconocer el esfuerzo de la mayoría de efectivos de la Policía Nacional que siguen luchando contra la delincuencia. Por esta razón, reiteramos nuestra demanda al gobierno para que les brinde las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de su labor, además de aplicarse un Plan Nacional de seguridad Ciudadana destinado a promover una lucha integral contra la criminalidad.
Finalmente, urge también una férrea voluntad política para combatir la corrupción al interior del Estado y sancionar con rigurosidad a las empresas y empresarios que la promuevan. Solo así tendremos un balance positivo que se expresará en el mejoramiento de los servicios, tanto públicos como privados, que se brindan a las familias.
Expresamos nuestro respaldo y solidaridad al dirigente de la CGTP Luis Isarra, en estos momentos difíciles que viene pasando junto a su familia, por el lamentable accidente de su hijo, a quien deseamos pronta recuperación.
Un dato que ha sido dejado de lado por la mayoría de medios de comunicación es que el 50% de empresarios encuestados en la Cade 2102 manifestó que ha tenido que recurrir a la corrupción para generar ganancias a sus inversiones. A esto debemos agregar la impunidad con que muchas de estas empresas abusan de sus trabajadores, desconociéndoles sus derechos laborales y haciendo lobbies en el Congreso para evitar que se deroguen las normas que afectan la dignidad y la situación económica de las familias trabajadoras.
Con este marco podemos constatar que mientras no afecte sus intereses, gran parte del sector público y privado poco o nada hacen para enfrentar a la corrupción y la inseguridad ciudadana, y por el contrario utilizan estos flagelos para sus fines particulares sin importar el grave impacto que esto causa en la sociedad, principalmente a los más pobres. Luchar contra estos males sociales es un compromiso pendiente del presidente Ollanta Humala, y una demanda de la ciudadanía, como se demuestra en las últimas encuestas.
Pese a ello, debemos reconocer el esfuerzo de la mayoría de efectivos de la Policía Nacional que siguen luchando contra la delincuencia. Por esta razón, reiteramos nuestra demanda al gobierno para que les brinde las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de su labor, además de aplicarse un Plan Nacional de seguridad Ciudadana destinado a promover una lucha integral contra la criminalidad.
Finalmente, urge también una férrea voluntad política para combatir la corrupción al interior del Estado y sancionar con rigurosidad a las empresas y empresarios que la promuevan. Solo así tendremos un balance positivo que se expresará en el mejoramiento de los servicios, tanto públicos como privados, que se brindan a las familias.
Expresamos nuestro respaldo y solidaridad al dirigente de la CGTP Luis Isarra, en estos momentos difíciles que viene pasando junto a su familia, por el lamentable accidente de su hijo, a quien deseamos pronta recuperación.
(*) Secretario General de la CGTP
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