Por: Mario Huaman Rivera (*)
La derecha política y económica ha iniciado una furibunda ofensiva por asumir el control total del gobierno en el Perú pretendiendo así revertir la derrota que le propinaron los movimientos sociales en las elecciones generales, aprovechando para ello el giro del actual Presidente, quien ha dejado sus propuestas de cambio para mantener el continuismo precarizador que sigue ahondando las desigualdades y fomentando el conflicto social.
Esta ofensiva de la derecha se manifiesta a través de la brutal e irrespetuosa campaña que promueven los Fujimorista para exigir el indulto del responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el expresidente Alberto Fujimori, la cual sobrepasa lo límites de la decencia política porque vienen utilizando la desinformación y los sicosociales para ablandar a la opinión pública, contando para ello con el mayoritario respaldo de los medios de comunicación, los mismos que tratan de ocultar las atrocidades que se cometieron durante la dictadura.
Como lo hemos referido anteriormente, el indulto a Fujimori implicaría un duro golpe a la precaria democracia que tiene nuestro país y polarizaría aún más las diferencias políticas, lo que podría devenir en una mayor represión para los sectores populares, afectándose gravemente los avances económicos y, lo que es peor, nos convertiríamos en un país quebrantador del estado de derecho, porque el indulto iría en contra de sentencias condenatorias que sirven de jurisprudencia a nivel nacional e internacional.
Otra demostración es la revocatoria contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, promovida por personajes cercanos al exalcalde Castañeda Lossio y que gracias a una extraña resolución del Jurado Nacional de Elecciones lograron seguir entregando firmas fuera del periodo legal. Los revocadores podrían lograr su objetivo de afectar el normal funcionamiento de la Municipalidad de Lima y detener las reformas del transporte y el traslado del Mercado Mayorista.
No se puede dejar de mencionar la campaña de desprestigio contra personajes vinculados a los sectores progresistas, como es el caso de Javier Diez Canseco, acusado sin fundamentos por sectores ligados al aprismo y Fujimorismo, que buscan suspenderlo en sus funciones, como una advertencia de lo que podría pasarles a los parlamentarios que denuncian la corrupción y la impunidad con que actúan ciertos sectores políticos.
Con estas acciones y otras más se busca torcer la voluntad popular expresada en las urnas e imponer una realidad rechazada por la mayoría de peruanos. La derecha no quiere una alianza con el Mandatario sino copar cueste lo que cueste todo el gobierno para continuar profundizando sus reformas económicas precarizadoras y expulsar de los espacios de poder a cualquier iniciativa política que defienda la justicia social.
La CGTP no cesará en su lucha de defender los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, demostrando que la mayoría del país (como los sectores populares y los trabajadores) sigue exigiendo la gran transformación y los cambios por los cuales respaldaron la elección de Ollanta Humala.
(*) Secetrio general de la CGTP
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