16 DE JULIO: MARCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES



Por: Mario Huamán Rivera

Aprovechando el bullicio del mundial de fútbol y los diversos escándalos políticos y faranduleros, el Presidente, Ollanta Humala, ha presentado una serie de medidas supuestamente destinadas a enfrentar la desaceleración económica. Estas iniciativas tienen como objetivo preservar los privilegios de los grupos de poder económico y compensar sus pérdidas, debilitando al Estado y eliminando derechos laborales y sociales.  

En el plano laboral, la pretendida modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo hemos denunciado, busca volver inaplicable la referida norma asegurando el retorno de la impunidad para los empresarios que provoquen la muerte o accidente de sus trabajadores, además de permitir el acceso de modalidades, como la tercerización burocratizando el proceso de prevención de accidentes, además de disminuir los servicios de salud.

Asimismo, las empresas que impunemente violan las leyes nacionales y los convenios internacionales que protegen a los trabajadores, tendrán tres años sin ninguna sanción por su delito o verán disminuidas las multas a pagar, volviendo inoperativa en  la práctica a la Superintendencia de Fiscalización (Sunafil), quedando los trabajadores y trabajadores a merced de los criterios antisindicales de gran parte de las empresas. 

Cabe mencionar, que a estas medidas se suman la dación de normas que flexibilizan aún más las vinculaciones laborales, como es el caso de la Ley Servir, dispositivo criticado por la propia OIT y que ha sido observada por el Tribunal Constitucional en algunos de sus contenidos. Pese a ello, el gobierno de Ollanta Humala promulgó el reglamento. Este hecho amenaza los puestos de trabajo de miles de estatales, además de la precarización de las condiciones de trabajo.

Asimismo, la modificatoria de la Ley Mypes, la convierte en la Ley de Trabajo, debido a que regula la relación laboral de más del 60% de trabajadores formales, quienes no pueden ejercer sus derechos laborales plenos, mientras las empresas gozan de privilegios tributarios y otras exoneraciones que les permiten ganancias, no por la eficiencia administrativa sino por favores políticos.

Por otro lado, las medidas de carácter ambiental, de contratación con el Estado y de reforma tributaria están dirigidas a cercenar responsabilidades a las organismos especializados, como el Ministerio del Ambiente, perdonar deudas a las empresas morosas, relajar la justicia tributaria, comprometernos a las industrias extractivas por los siguientes 15 años y permitir el nepotismo en el Estado, entre otras. 

Por estos motivos, el 16 de julio la CGTP y Construcción Civil (FTCCP) se movilizarán para denunciar públicamente al gobierno de Ollanta Humala por la vulneración de los derechos humanos y laborales de los peruanos y peruanas. Asimismo, marcharán por la defensa de la negociación colectiva por rama en el sector construcción y la solución del pliego de reclamos. 

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien sufre una persecución política y judicial por su férrea defensa de los intereses de su región.

(Publicado en el Diario La Primera el 27 de junio de 2014)