Por: César Levano (*)
Rudecindo Vega, flamante ministro de Trabajo, acertó ayer el entablar un diálogo con Mario Huamán, secretario general de la CGTP, y la dirección colectiva de ésta, sobre los problemas de un sector que no es de su especialidad. Es un gesto de apertura y puede ser una vía para enfrentar y resolver problemas que se han acumulado en los últimos veinte años y que pueden empañar la promesa de cambios y de inclusión social del nuevo régimen.
El ministro prometió emprender así mismo un diálogo con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales. Acertado es que haya hablado primero con la dirección máxima de la central sindical más importante del país. De ese modo, podrá abordar con los empresarios los puntos centrales de la problemática laboral.
El ministro debe tener presente que los abusos antisindicales han sido una práctica durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, y que esos excesos han sido señalados una y otra vez por la Organización Internacional del Trabajo.
Derechos básicos como la jornada de ocho horas, el seguro social, la estabilidad en el empleo, la libertad sindical han sido eliminados en el Perú. En nuestro país se ha abandonado el rol protector que el Estado debe brindar al trabajador, y que es una piedra angular del Derecho del Trabajo.
Una de las promesas que el ministro formuló ayer es la de fortalecer las inspecciones laborales. Existe al respecto un hábito nocivo, que vuelve estéril la inspección: se imponen multas por violar leyes y derechos, pero el empresario paga (o deja de pagar) la multa, y las cosas siguen igual que antes. El ministro prometió inspección no sólo en el sector privado, habida cuenta de que el Estado es el mayor empleador del país. En el diálogo se propuso crear una comisión de expertos que revise la Ley General del Trabajo, que está desde hace diez años en salmuera en los archivos del Congreso.
Hay en el Perú empresarios y supuestos técnicos que detestan los sindicatos. Fingen ignorar que el papel de los sindicatos es fundamental, no sólo para la defensa de sus asociados, sino también para asentar la democracia, impulsar la economía y crear una atmósfera favorable para la propia empresa.
Ejemplo elocuente es la relación que existe entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción. Ambos organismos discuten pliegos de reclamos y llegan a acuerdos positivos. Ese trato es un factor en el crecimiento del Producto Bruto Interno y el empleo masivo.
Imposible es omitir que el expresidente Alan García estableció en Palacio una alianza con delincuentes prontuariados que buscan asesinar, y asesinan, trabajadores de construcción y chantajean empresarios, y que pretenden dividir a la Federación. Allí, tanto empresarios como trabajadores se oponen a esas bandas.
(*) Director del Diario La Primera. Artículo publicado el 2 de agosto de 2011
Rudecindo Vega, flamante ministro de Trabajo, acertó ayer el entablar un diálogo con Mario Huamán, secretario general de la CGTP, y la dirección colectiva de ésta, sobre los problemas de un sector que no es de su especialidad. Es un gesto de apertura y puede ser una vía para enfrentar y resolver problemas que se han acumulado en los últimos veinte años y que pueden empañar la promesa de cambios y de inclusión social del nuevo régimen.
El ministro prometió emprender así mismo un diálogo con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales. Acertado es que haya hablado primero con la dirección máxima de la central sindical más importante del país. De ese modo, podrá abordar con los empresarios los puntos centrales de la problemática laboral.
El ministro debe tener presente que los abusos antisindicales han sido una práctica durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, y que esos excesos han sido señalados una y otra vez por la Organización Internacional del Trabajo.
Derechos básicos como la jornada de ocho horas, el seguro social, la estabilidad en el empleo, la libertad sindical han sido eliminados en el Perú. En nuestro país se ha abandonado el rol protector que el Estado debe brindar al trabajador, y que es una piedra angular del Derecho del Trabajo.
Una de las promesas que el ministro formuló ayer es la de fortalecer las inspecciones laborales. Existe al respecto un hábito nocivo, que vuelve estéril la inspección: se imponen multas por violar leyes y derechos, pero el empresario paga (o deja de pagar) la multa, y las cosas siguen igual que antes. El ministro prometió inspección no sólo en el sector privado, habida cuenta de que el Estado es el mayor empleador del país. En el diálogo se propuso crear una comisión de expertos que revise la Ley General del Trabajo, que está desde hace diez años en salmuera en los archivos del Congreso.
Hay en el Perú empresarios y supuestos técnicos que detestan los sindicatos. Fingen ignorar que el papel de los sindicatos es fundamental, no sólo para la defensa de sus asociados, sino también para asentar la democracia, impulsar la economía y crear una atmósfera favorable para la propia empresa.
Ejemplo elocuente es la relación que existe entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción. Ambos organismos discuten pliegos de reclamos y llegan a acuerdos positivos. Ese trato es un factor en el crecimiento del Producto Bruto Interno y el empleo masivo.
Imposible es omitir que el expresidente Alan García estableció en Palacio una alianza con delincuentes prontuariados que buscan asesinar, y asesinan, trabajadores de construcción y chantajean empresarios, y que pretenden dividir a la Federación. Allí, tanto empresarios como trabajadores se oponen a esas bandas.
(*) Director del Diario La Primera. Artículo publicado el 2 de agosto de 2011
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