Despidió a 300 mil trabajadores públicos, creó las services y demolió sindicatos. Gobierno de ese entonces creó la figura del despido arbitrario que permitió que los empleadores despidieran a los trabajadores sin mayor explicación.
La avalancha de normas antilaborales que dio el gobierno de Alberto Fujimori sepultó los derechos de los trabajadores desde los primeros años de su gestión.
El señor Raúl Ramos Silva es un sobreviviente de ese desastre. En el año 1994, luego de 35 años de servicio en la Municipalidad de Lima y con la nueva legislación laboral fujimorista, le pusieron la pistola en la cabeza: “O renuncias o no recibes beneficios”. Optó por lo primero y hasta ahora –a los setenta años de edad– no se le reconoce todos sus derechos. Él aún no se da por vencido.
“Estuve obligado a renunciar al igual que la mayoría de obreros con un mínimo de la indemnización de lo que me correspondía y hasta ahora nos deben. Por treinta y cinco años de servicio solo cobro 220 soles de pensión”, recuerda.
La lista de ‘muertos y heridos’ de esa aplanadora de decretos es larga. Manuel Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Despedidos, señala que entre los años 1991 y 1998 se despidieron a cerca de 300 mil trabajadores del sector público, 180 mil de la administración y unos 120 mil de las empresas.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en enero del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM –firmado por el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller–, el cual se planteaba la reestructuración del Estado, porque –argumentaban– había mucha gente y se tenía que “racionalizar”, es decir, despedir. “Hasta entonces los trabajadores solo podían ser despedidos por faltas graves”, recuerda Cortez.
Dicho decreto autorizó a todas las entidades públicas a hacer reestructuraciones y dar incentivos para los trabajadores que quieran dejar su puesto de manera voluntaria, esto porque el sueldo básico de los trabajadores era ínfimo.
Cortez precisa que si bien ese sistema se llamó “voluntario” si el trabajador no lo aceptaba igual era despedido y sin incentivo, además que se prohibía su regreso a la administración pública.
“El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para ser más eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y se necesitaba contratar a personal especializado. Lo cierto es que el número de trabajadores nunca se modificó porque luego de que despidieron a los estables se contrató a otros bajo el régimen de contratos por servicios no personales. Ellos no tendrían derechos como vacaciones, aportaciones al sistema de pensiones o seguro médico”, explica el dirigente.
La época más nefasta
Pero esos 300 mil despedidos no fueron las únicas víctimas de las normas que se dieron durante el fujimorismo. El abogado laboralista Carlos Blancas califica esos años como “una época muy nefasta para el derecho laboral”, pues se eliminó una serie de “derechos fundamentales de los trabajadores”. Entre ellos menciona la eliminación de la estabilidad laboral y la creación de la figura del despido arbitrario a través del Decreto Legislativo 728, lo que también perjudicó a los trabajadores privados. Ese decreto se consolidó el año 95 con la Ley 21513, que eliminó por completo todos los rezagos de la estabilidad.
“Esa figura permitió el despido de dirigentes laborales y el descabezamiento de los sindicatos. Al inicio del gobierno la tasa de sindicalización era de más de 20% y al terminar fue de 3% a 4%”, recuerda Blancas Bustamante.
En opinión del abogado, otro tema muy grave fue la creación de las services mediante la apertura de la intermediación laboral, lo que significa –hasta ahora– la evasión de las obligaciones laborales y la precarización del trabajo, pues esos trabajadores no gozarían de una serie de derechos como uno formal. “La tercerización fue para evitar la estabilidad laboral y la organización sindical. Así, la capacidad de reclamo se redujo y trajo como consecuencia el pago de salarios bajos”, explicó el abogado.
Ese no fue el único daño porque también se ampliaron los contratos temporales, lo que provocó que los trabajadores lleven muchos años haciendo labores de uno estable, pero firmando contratos cada cierto tiempo.
Si bien el argumento del fujimorismo para realizar toda esta política de flexibilización laboral fue la creación de más puestos de trabajo, lo cierto es que –dice Blancas–durante los diez años de fujimorismo las cifras de desempleo fueron las mismas.
Javier Mujica: “Fue la flexibilización más salvaje”
El laboralista Javier Mujica dijo que los cambios que hizo el gobierno fujimorista en materia laboral determinaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la calificara como la flexibilización laboral más salvaje en América Latina. Además, señala que con la Constitución del 93 se dejaron de lado dieciséis derechos sociales, muchos de carácter laboral. Entre las normas más graves, Mujica manifiesta las que se dieron para facilitar los despidos.
Mujica indica que también se creó el despido arbitrario, es decir que, en adelante, el empleador podría despedir a un trabajador sin darle una explicación. “Además, se dio la Ley de relaciones colectivas de trabajo que privó a los trabajadores de la protección de la autoridad administrativa”, acotó.
El abogado indica que otro aspecto nefasto se dio cuando se implantó la renegociación de los acuerdos de los trabajadores con los empleadores que se habían suscrito hasta entonces. “Pero eso se hizo con sindicatos debilitados y los trabajadores perdieron sus derechos”, sostuvo.
(Publicado en el Diario La República el 19 de abril de 2011)
La avalancha de normas antilaborales que dio el gobierno de Alberto Fujimori sepultó los derechos de los trabajadores desde los primeros años de su gestión.
El señor Raúl Ramos Silva es un sobreviviente de ese desastre. En el año 1994, luego de 35 años de servicio en la Municipalidad de Lima y con la nueva legislación laboral fujimorista, le pusieron la pistola en la cabeza: “O renuncias o no recibes beneficios”. Optó por lo primero y hasta ahora –a los setenta años de edad– no se le reconoce todos sus derechos. Él aún no se da por vencido.
“Estuve obligado a renunciar al igual que la mayoría de obreros con un mínimo de la indemnización de lo que me correspondía y hasta ahora nos deben. Por treinta y cinco años de servicio solo cobro 220 soles de pensión”, recuerda.
La lista de ‘muertos y heridos’ de esa aplanadora de decretos es larga. Manuel Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Despedidos, señala que entre los años 1991 y 1998 se despidieron a cerca de 300 mil trabajadores del sector público, 180 mil de la administración y unos 120 mil de las empresas.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en enero del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM –firmado por el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller–, el cual se planteaba la reestructuración del Estado, porque –argumentaban– había mucha gente y se tenía que “racionalizar”, es decir, despedir. “Hasta entonces los trabajadores solo podían ser despedidos por faltas graves”, recuerda Cortez.
Dicho decreto autorizó a todas las entidades públicas a hacer reestructuraciones y dar incentivos para los trabajadores que quieran dejar su puesto de manera voluntaria, esto porque el sueldo básico de los trabajadores era ínfimo.
Cortez precisa que si bien ese sistema se llamó “voluntario” si el trabajador no lo aceptaba igual era despedido y sin incentivo, además que se prohibía su regreso a la administración pública.
“El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para ser más eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y se necesitaba contratar a personal especializado. Lo cierto es que el número de trabajadores nunca se modificó porque luego de que despidieron a los estables se contrató a otros bajo el régimen de contratos por servicios no personales. Ellos no tendrían derechos como vacaciones, aportaciones al sistema de pensiones o seguro médico”, explica el dirigente.
La época más nefasta
Pero esos 300 mil despedidos no fueron las únicas víctimas de las normas que se dieron durante el fujimorismo. El abogado laboralista Carlos Blancas califica esos años como “una época muy nefasta para el derecho laboral”, pues se eliminó una serie de “derechos fundamentales de los trabajadores”. Entre ellos menciona la eliminación de la estabilidad laboral y la creación de la figura del despido arbitrario a través del Decreto Legislativo 728, lo que también perjudicó a los trabajadores privados. Ese decreto se consolidó el año 95 con la Ley 21513, que eliminó por completo todos los rezagos de la estabilidad.
“Esa figura permitió el despido de dirigentes laborales y el descabezamiento de los sindicatos. Al inicio del gobierno la tasa de sindicalización era de más de 20% y al terminar fue de 3% a 4%”, recuerda Blancas Bustamante.
En opinión del abogado, otro tema muy grave fue la creación de las services mediante la apertura de la intermediación laboral, lo que significa –hasta ahora– la evasión de las obligaciones laborales y la precarización del trabajo, pues esos trabajadores no gozarían de una serie de derechos como uno formal. “La tercerización fue para evitar la estabilidad laboral y la organización sindical. Así, la capacidad de reclamo se redujo y trajo como consecuencia el pago de salarios bajos”, explicó el abogado.
Ese no fue el único daño porque también se ampliaron los contratos temporales, lo que provocó que los trabajadores lleven muchos años haciendo labores de uno estable, pero firmando contratos cada cierto tiempo.
Si bien el argumento del fujimorismo para realizar toda esta política de flexibilización laboral fue la creación de más puestos de trabajo, lo cierto es que –dice Blancas–durante los diez años de fujimorismo las cifras de desempleo fueron las mismas.
Javier Mujica: “Fue la flexibilización más salvaje”
El laboralista Javier Mujica dijo que los cambios que hizo el gobierno fujimorista en materia laboral determinaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la calificara como la flexibilización laboral más salvaje en América Latina. Además, señala que con la Constitución del 93 se dejaron de lado dieciséis derechos sociales, muchos de carácter laboral. Entre las normas más graves, Mujica manifiesta las que se dieron para facilitar los despidos.
Mujica indica que también se creó el despido arbitrario, es decir que, en adelante, el empleador podría despedir a un trabajador sin darle una explicación. “Además, se dio la Ley de relaciones colectivas de trabajo que privó a los trabajadores de la protección de la autoridad administrativa”, acotó.
El abogado indica que otro aspecto nefasto se dio cuando se implantó la renegociación de los acuerdos de los trabajadores con los empleadores que se habían suscrito hasta entonces. “Pero eso se hizo con sindicatos debilitados y los trabajadores perdieron sus derechos”, sostuvo.
(Publicado en el Diario La República el 19 de abril de 2011)
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