El virtual congresista de Gana Perú Javier Diez Canseco y el exministro de energía y Minas exigieron ayer la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, por favorecer indebidamente a la empresa exportadora del gas de Camisea, Perú LNG SRL, al pretender despojar a la Corte del Cusco de sus legítimas atribuciones de procesar y sancionar al mencionado consorcio por las irregularidades realizadas en la extracción y exportación de este recurso energético.
Fernández, de acuerdo a la denuncia de la Asociación Proconsumidores del Perú presentada ante la Contraloría, habría impulsado como ministra de Justicia una propuesta de modificación de los artículos 15 y 51 del Código Procesal Penal, el mismo recurso, pero ampliado, que como abogada del consorcio PERÚ LNG SRL solicitó al Poder Judicial para centralizar en Lima todos los procesos constitucionales dirigidos a paralizar la exportación del gas de Camisea. “La acusación es clara y contundente; porque si como ministra de Justicia impulsa la misma norma que como abogada solicitó a favor de la empresa que le ha pagado su salario, es claro que hay conflicto de intereses.
Por tanto, ella debería dar un paso al costado en su cargo debido a que Camisea es un tema sensible para el país. Además debe haber una investigación profunda para encarcelar a los poderosos gestores de esta y otras medidas que dejan sin gas a nuestro país”, dijo Diez Canseco al tiempo de señalar que sería inútil pedirle al actual Congreso investigar el asunto porque está de salida y porque no tiene la calidad ética al haber permitido los faenones de García.
Consideró así que la medida impulsada por Fernández para que todas las medidas cautelares presentadas a nivel nacional sean tramitadas en Lima, tiene la intención de favorecer al consorcio gasífero PERÚ LNG SRL ya que, al tener controlado el Poder Judicial de Lima, tendría asegurado cualquier fallo a su favor.
DETALLE El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso el 3 de febrero último con carácter de urgente que apruebe la propuesta de Fernández en la cual solicita la modificación de los artículos 15 y 51 del Código Procesal Constitucional.
(Publicado en el Diario La Primera el 14 de abril de 2011)
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