Por: Mario Huamán Rivera
Las últimas encuestas demuestran que el país se encuentra en una permanente movilización contra el gobierno de Alan García. La baja aprobación del cuestionado mandatario (24%) confirman que los peruanos y peruanas no somos indiferentes a las “interesadas” decisiones políticas del gobernante, siempre destinadas a privilegiar a sus “amigos” y “grupos de poder” que lucran con la soberanía nacional sacrificando el bienestar de las familias que tienen que soportar trabajos sin derechos, bajos salarios y pensiones, despidos por organizarse sindicalmente, etc.
A esto se suma, la imperante corrupción promovida por prominentes miembros del régimen. Los Petro-Audios, SIS, EsSalud, Collique, Cofopri, Paita, etc, son algunos ejemplos de cómo García y el APRA se aprovecharon del poder para su beneficio, como se expresa en la promulgación de los Decretos de Urgencia 001 y 002 destinados a rematar nuestro país, entregando proyectos estratégicos a sus “allegados” a precio de regalo violando todas las normas de fiscalización, negociado que beneficiaría en 15 mil millones de dólares a los adjudicadores y supuestos ganadores de estas “licitaciones”.
Por estos motivos, la movilización diaria del Perú contra García se concentrará el 23 de marzo en la Jornada Nacional de Lucha para exigir la derogatoria de los decretos de urgencia, del 1031 (que privatiza las empresas como SEDAPAL, ENAPU, ELECTRICAS, entre otras) y la ampliación de la protección patrimonial para las azucareras. Diversos movimientos sociales vienen confirmando su participación, como los Petroleros y Portuarios que han convocado a un Paro Nacional para esa fecha y los azucareros, quienes paralizarán Lambayeque, además de manifestaciones en Arequipa, Cusco, Iquitos, etc.
Estas medidas de protesta para impedir la subasta de la soberanía nacional pretenden a su vez enviar un mensaje a las transnacionales y grupos económicos, de que los trabajadores no reconocerán los contratos que se suscriban al amparo de las cuestionadas normas y que se efectuarán las medidas en los fueros correspondientes, tanto en el Perú, como en los países donde se encuentran sus matrices para denunciarlas.
Se demandará que las diversas instituciones del país se sigan pronunciando, como la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, los verdaderos empresarios peruanos, entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos Regionales; Colegios Profesionales, etc. Asimismo, se exigirá el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales; y de los candidatos presidenciales, quienes en su mayoría debaten temas intrascendentes para la mayoría de ciudadanos.
Esta jornada será el preludio de nuevas luchas que tendrán como característica, la unidad de los trabajadores y los diversos sectores nacionales en defensa del derecho al desarrollo social y económico sin exclusiones, ni discriminaciones.
Las últimas encuestas demuestran que el país se encuentra en una permanente movilización contra el gobierno de Alan García. La baja aprobación del cuestionado mandatario (24%) confirman que los peruanos y peruanas no somos indiferentes a las “interesadas” decisiones políticas del gobernante, siempre destinadas a privilegiar a sus “amigos” y “grupos de poder” que lucran con la soberanía nacional sacrificando el bienestar de las familias que tienen que soportar trabajos sin derechos, bajos salarios y pensiones, despidos por organizarse sindicalmente, etc.
A esto se suma, la imperante corrupción promovida por prominentes miembros del régimen. Los Petro-Audios, SIS, EsSalud, Collique, Cofopri, Paita, etc, son algunos ejemplos de cómo García y el APRA se aprovecharon del poder para su beneficio, como se expresa en la promulgación de los Decretos de Urgencia 001 y 002 destinados a rematar nuestro país, entregando proyectos estratégicos a sus “allegados” a precio de regalo violando todas las normas de fiscalización, negociado que beneficiaría en 15 mil millones de dólares a los adjudicadores y supuestos ganadores de estas “licitaciones”.
Por estos motivos, la movilización diaria del Perú contra García se concentrará el 23 de marzo en la Jornada Nacional de Lucha para exigir la derogatoria de los decretos de urgencia, del 1031 (que privatiza las empresas como SEDAPAL, ENAPU, ELECTRICAS, entre otras) y la ampliación de la protección patrimonial para las azucareras. Diversos movimientos sociales vienen confirmando su participación, como los Petroleros y Portuarios que han convocado a un Paro Nacional para esa fecha y los azucareros, quienes paralizarán Lambayeque, además de manifestaciones en Arequipa, Cusco, Iquitos, etc.
Estas medidas de protesta para impedir la subasta de la soberanía nacional pretenden a su vez enviar un mensaje a las transnacionales y grupos económicos, de que los trabajadores no reconocerán los contratos que se suscriban al amparo de las cuestionadas normas y que se efectuarán las medidas en los fueros correspondientes, tanto en el Perú, como en los países donde se encuentran sus matrices para denunciarlas.
Se demandará que las diversas instituciones del país se sigan pronunciando, como la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, los verdaderos empresarios peruanos, entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos Regionales; Colegios Profesionales, etc. Asimismo, se exigirá el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales; y de los candidatos presidenciales, quienes en su mayoría debaten temas intrascendentes para la mayoría de ciudadanos.
Esta jornada será el preludio de nuevas luchas que tendrán como característica, la unidad de los trabajadores y los diversos sectores nacionales en defensa del derecho al desarrollo social y económico sin exclusiones, ni discriminaciones.
(Publicado en el Diario La Primera el 4 de marzo de 2011)
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