Por: Mario Huamán RiveraSi el primer gobierno aprista fue considerado como uno de los más funestos de la historia del Perú, el segundo será catalogado, a parte de corrupto, como el más nefasto para la democracia y el respeto a los valores humanos y sociales. Esto se expresa con la impunidad para corruptos y criminales, la profundización de las desigualdades, la exclusión social, la violencia y la precarización de las condiciones de vida, flagelos que azotan al país a pesar del crecimiento económico. Nada de esto ha cambiado con el actual régimen sino todo lo contrario.
Teniendo esta realidad como marco, el Presidente García no contento con arrebatarles a los trabajadores y trabajadoras diversos derechos con la dación de los Decretos Legislativos 1057 y 1086, ha promulgado el DL 1097, “La Ley Colina”, con la finalidad de brindar impunidad a los asesinos de miles de peruanos y peruanas, además de protegerse él por los crímenes que provocó su primer régimen, como es el caso de El Frontón. Este dispositivo es un premio a quienes ejecutaron el siniestro plan de imponer un modelo económico (neoliberal) “eliminando” a las voces disidentes y a muchos inocentes.
Uno de los primeros efectos de esta lesiva norma ha sido el archivamiento del proceso contra Agustín Mantilla acusado de liderar el denominado Comando Rodrigo Franco, brazo paramilitar del Primer Gobierno Aprista, que asesinó a diversas personalidades como el líder minero, Saúl Cantoral, hecho que motivó una sentencia por parte de la Corte Interamericana de derechos humanos exigiendo al estado peruano, el resarcimiento correspondiente y la sentencia a los responsables.
Tal vez lo mismo ocurra en el caso de Pedro Huilca, líder sindical asesinado por el Grupo Colina, durante la dictadura del hoy reo, Alberto Fujimori y de otras víctimas del terrorismo de Estado propugnado por los gobiernos neoliberales. La impunidad para los “Colinas” está en marcha y junto a otros responsables celebran la “amnistía encubierta” regalada por García a través del DL 1097, que también podría darle la libertad a Fujimori y hasta Montesinos.
La CGTP rechaza la impunidad otorgada por García a los violadores de derechos humanos y exige justicia para las miles de familias enlutadas por el accionar de estos asesinos. Asimismo, demanda a las instancias correspondientes, como el Congreso o el Tribunal Constitucional, dejar sin efecto el DL 1097 y evitar que estos criminales sigan dañando la moral y la paz del país. Caso contrario la movilización ciudadana tendrá que hacerlo. No cesaremos en esta lucha.
Saludamos la creación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de ONGs y Afines.
Teniendo esta realidad como marco, el Presidente García no contento con arrebatarles a los trabajadores y trabajadoras diversos derechos con la dación de los Decretos Legislativos 1057 y 1086, ha promulgado el DL 1097, “La Ley Colina”, con la finalidad de brindar impunidad a los asesinos de miles de peruanos y peruanas, además de protegerse él por los crímenes que provocó su primer régimen, como es el caso de El Frontón. Este dispositivo es un premio a quienes ejecutaron el siniestro plan de imponer un modelo económico (neoliberal) “eliminando” a las voces disidentes y a muchos inocentes.
Uno de los primeros efectos de esta lesiva norma ha sido el archivamiento del proceso contra Agustín Mantilla acusado de liderar el denominado Comando Rodrigo Franco, brazo paramilitar del Primer Gobierno Aprista, que asesinó a diversas personalidades como el líder minero, Saúl Cantoral, hecho que motivó una sentencia por parte de la Corte Interamericana de derechos humanos exigiendo al estado peruano, el resarcimiento correspondiente y la sentencia a los responsables.
Tal vez lo mismo ocurra en el caso de Pedro Huilca, líder sindical asesinado por el Grupo Colina, durante la dictadura del hoy reo, Alberto Fujimori y de otras víctimas del terrorismo de Estado propugnado por los gobiernos neoliberales. La impunidad para los “Colinas” está en marcha y junto a otros responsables celebran la “amnistía encubierta” regalada por García a través del DL 1097, que también podría darle la libertad a Fujimori y hasta Montesinos.
La CGTP rechaza la impunidad otorgada por García a los violadores de derechos humanos y exige justicia para las miles de familias enlutadas por el accionar de estos asesinos. Asimismo, demanda a las instancias correspondientes, como el Congreso o el Tribunal Constitucional, dejar sin efecto el DL 1097 y evitar que estos criminales sigan dañando la moral y la paz del país. Caso contrario la movilización ciudadana tendrá que hacerlo. No cesaremos en esta lucha.
Saludamos la creación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de ONGs y Afines.
(Publicado en el Diario La Primera, el 10 de setiembre de 2010)
No hay comentarios:
Publicar un comentario