Por: Mario Huamán Rivera (*)
El gobierno aprista sigue entregando el país a intereses privados y extranjeros, como ha ocurrido con el Gas de Camisea y el Puerto de Paita, a pesar de que diversos sectores sociales han denunciado las irregularidades que encierran dichas privatizaciones. Pero esto no le importa al APRA, que contradiciendo los preceptos de Haya de la Torre se ha convertido en el instrumento político de los “ricos” y en el principal expoliador de los derechos sociales de las grandes mayorías.
Por este motivo, persiste en convertir al Estado en una herramienta para proteger los privilegios de los grupos de poder e impedir que la función pública vele por un verdadero desarrollo que beneficie a todos los peruanos y peruanas, sin exclusiones. En ese sentido, los trabajadores estatales han anunciado un Paro Nacional para el próximo 30 de setiembre para exigir una verdadera modernización del aparato estatal que priorice el respeto a los derechos laborales y se garantice un servicio de calidad para los ciudadanos. El Comité de Lucha conformado por las dos principales organizaciones del sector público, CITE y CTE han anunciado una Gran Movilización al Congreso de la República, que se iniciará en la Plaza 2 de Mayo a las 11 de la mañana. Diversos gremios se han sumado a la medida como los afiliados a FENUTTSA (Sector Salud) que prolongarán la medida indefinidamente.
Cabe mencionar, que los estatales demandan específicamente la derogatoria de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, destinados a vulnerar la protección laboral de los trabajadores y someterlos a los dictámenes políticos partidarios.
Asimismo, exigirán el incremento de las remuneraciones y una nueva Ley para que las regule. Se sigue excluyendo a la mayoría de trabajadores públicos, impidiéndoles lograr mejores condiciones laborales y se intenta generalizar el decreto legislativo que recorta derechos laborales, como es el 1057 (cuyos afectados deben pasar a la planilla inmediatamente).
Otro punto importante de la plataforma es la demanda al gobierno de los trabajadores y trabajadoras despedidos injustamente durante la dictadura fujimorista y que no salieron en la Cuarta Lista, pese a demostrar que el derecho los asiste conforme se exige en la ley.
La CGTP considera que esta batalla ayudará a definir la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de la población, además de impedir la privatización de los servicios públicos, que conllevaría a nuevos conflictos sociales y a mayor represión. El éxito de la medida podría evitarlo.
Por este motivo, persiste en convertir al Estado en una herramienta para proteger los privilegios de los grupos de poder e impedir que la función pública vele por un verdadero desarrollo que beneficie a todos los peruanos y peruanas, sin exclusiones. En ese sentido, los trabajadores estatales han anunciado un Paro Nacional para el próximo 30 de setiembre para exigir una verdadera modernización del aparato estatal que priorice el respeto a los derechos laborales y se garantice un servicio de calidad para los ciudadanos. El Comité de Lucha conformado por las dos principales organizaciones del sector público, CITE y CTE han anunciado una Gran Movilización al Congreso de la República, que se iniciará en la Plaza 2 de Mayo a las 11 de la mañana. Diversos gremios se han sumado a la medida como los afiliados a FENUTTSA (Sector Salud) que prolongarán la medida indefinidamente.
Cabe mencionar, que los estatales demandan específicamente la derogatoria de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, destinados a vulnerar la protección laboral de los trabajadores y someterlos a los dictámenes políticos partidarios.
Asimismo, exigirán el incremento de las remuneraciones y una nueva Ley para que las regule. Se sigue excluyendo a la mayoría de trabajadores públicos, impidiéndoles lograr mejores condiciones laborales y se intenta generalizar el decreto legislativo que recorta derechos laborales, como es el 1057 (cuyos afectados deben pasar a la planilla inmediatamente).
Otro punto importante de la plataforma es la demanda al gobierno de los trabajadores y trabajadoras despedidos injustamente durante la dictadura fujimorista y que no salieron en la Cuarta Lista, pese a demostrar que el derecho los asiste conforme se exige en la ley.
La CGTP considera que esta batalla ayudará a definir la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de la población, además de impedir la privatización de los servicios públicos, que conllevaría a nuevos conflictos sociales y a mayor represión. El éxito de la medida podría evitarlo.
(*) Publicado en el Diario La Primera, el 18 de setiembre de 2009
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