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CONSTRUCCIÓN SE MOVILIZA EL 27 DE AGOSTO

Por: Mario Huamán Rivera
El gobierno aprista intenta debilitar al movimiento sindical con la vieja estrategia amarillista del paralelismo, creando organizaciones artificiales con la finalidad de evitar que los trabajadores logren sus justas reivindicaciones.


A esto se suman las acciones de los funcionarios gubernamentales que intentan dividir a los gremios para minimizar la negociación y, por ende, imponer sus decisiones, tal como ocurre con los famosos decretos legislativos.Los trabajadores del andamio hemos ratificado nuestra política de unidad, programática y de acción para enfrentar la vieja treta del partido de la estrella, cuyo objetivo político es domesticar a los obreros de construcción civil para que no luchen por sus derechos y los de sus familias.


La Federación de Trabajadores en Construcción Civil es la herramienta idónea para la superación humana y profesional de sus miles de integrantes a nivel nacional. Su independencia del poder político y su labor sistemática para mejorar la empleabilidad del obrero permiten no sólo defender sus intereses, sino coadyuvar a mejorar su calidad de vida.El gobierno y los grupos de poder económico ven como un peligro la labor de la federación.


Para García y las transnacionales, elevar el nivel crítico de lo obreros de construcción para que entiendan la realidad que los rodea, el impacto de los incumplimientos electorales de Alan García y su sumisión al poder económico, son factores que afectan el continuismo del modelo neoliberal defendido por él, que se expresa en el alza de los alimentos, los bajos salarios, la inseguridad ciudadana y la corrupción.Los obreros, fieles a nuestras convicciones, intensificaremos nuestra lucha contra el divisionismo y la intromisión del gobierno.


El próximo miércoles 27 de agosto, miles de trabajadores nos movilizaremos a nivel nacional para expresarle nuestro rechazo y nuestra disposición a luchar en todos los frentes necesarios.En Lima, nos concentraremos en el Campo de Marte a la 1:30 p.m. para posteriormente dirigirnos al Ministerio de Vivienda y Construcción. Participarán también en la marcha delegaciones de trabajadores de otros sectores, en los que el aprismo también ha iniciado el paralelismo para neutralizar sus demandas.


Finalmente, aprovechamos esta columna para solidarizarnos con las comunidades nativas, el pueblo de Moquegua, los damnificados del sur, portuarios, empleados estatales, mineros, Coordes (despedidos), textiles, tercerizados, etc, perjudicados por las regresivas normas dictadas desde los estudios de abogados empresariales y promulgadas por Alan García. Sólo con la lucha lograremos derogarlos. Unámonos.
FUENTE: DIARIO LA PRIMERA

CONFLICTOS SOCIALES AUMENTAN EN PERÚ, SEGÚN DEFENSORÍA DEL PUEBLO


Los conflictos sociales registraron un peligroso incremento en Perú al pasar de 132 conflictos registrados en junio a 147 en julio, la mayoría por problemas vinculados al medio ambiente, según un informe de la Defensoría del Pueblo, difundido el martes en Lima.

Las estadísticas señalan que 97 de esos conflictos se encuentran "activos" y 50 en estado "latente" y que en el pasado mes se resolvió un solo caso.

"Vivimos una coyuntura en la que los ciudadanos han encontrado en las manifestaciones una manera de expresar su descontento", dijo Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, citado por el diario económico Gestión.

Se trata de conflictos de distinta intensidad suscitados por reclamos de diversas poblaciones ante el gobierno central, los gobiernos regionales y ante empresas privadas, según el organismo que informó además de 74 manifestaciones de protesta.

Del total de problemas sociales 75 son de naturaleza socio-ambiental, vinculados a problemas derivados de actividades extractivas.

La Defensoría identifica como principal causa de los problemas medioambientales la "supuesta contaminación generada" por las empresas mineras y el temor a "posible afectación ambiental".

Diversas comunidades campesinas denuncian cada vez con más insistencia a empresas mineras que operan en sus regiones, a las que acusan de dañar sus fuentes de agua y de provocar la destrucción de los ecosistemas en que habitan, así como de no implementar acciones de defensa del medio ambiente.

La mayor parte de los conflictos tienen lugar en regiones surandinas del país, así como la zona central y norte.

Otras causas de conflicto consisten en quejas contra gobiernos regionales y problemas entre comunidades campesinas por demarcación de tierras, detalló la Defensoría.


Fuente: Univisión.com